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Hace apenas 11 años, Doral Bank lucía como una estrella, produciendo cantidades récords de hipotecas, su acción cotizaba a $49 en el mercado y la empresa empleaba a casi 2,800 personas. La industria bancaria, y Puerto Rico en general, celebraba que el Puerto Rico Stock Index (PRSI) rebasaba los 18,000 puntos. Nadie presagiaba lo que se avecinaba.
Al poco tiempo, los problemas en Doral comenzaron a aflorar. La situación contable se fue complicando, y se tornó imposible sostener su operación, al punto de que hoy la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) está realizando el cierre de la institución bancaria. 
Fue en abril del 2005 cuando Doral Financial informaba que debía revisar sus resultados financieros. El principal conglomerado hipotecario de Puerto Rico, con activos cercanos a los $15,100 millones, reveló entonces que necesitaba revisar la valoración del derivativo conocido como tajadas de sólo intereses (IOs, por sus siglas en inglés) e informó que tenía que revisar sus informes correspondientes desde el año 2000.
Eso motivó una investigación por fraude de parte de la Comisión de Valores e Intercambio federal (SEC por sus siglas en inglés) que los multó por $25 millones. Además, se radicaron decenas de demandas de clase en el foro federal por parte de accionistas que alegaron que Doral los engañó al presentar un cuadro financiero fraudulento y reportarles valores mayores a los reales. No fue hasta el 2007 que los demandantes llegaron a un acuerdo con la institución y recibieron $129 millones como indemnización, una ínfima parte de lo que perdieron.
En agosto de ese mismo año 2005, hubo una reestructuración en la institución, en la que salió Salomón Levis, principal oficial ejecutivo de Doral Financial; David Levis, director emérito y Mario S. Levis, tesorero; y se despidió a Ricardo Meléndez, como principal oficial financiero. Mario fue acusado por fraude y un juzgado del distrito Sur de Nueva York lo encontró culpable de varios cargos, imponiéndole cinco años de cárcel. Otros dos miembros de la familia que estuvo al frente de Doral por tres décadas, David Rafael y Zoila Levis, renunciaron a la junta antes de terminar ese año.
John Ward se convirtió entonces en presidente de la Junta de Directores y fungió interinamente como principal oficial ejecutivo hasta el 2006 cuando entró Glen Wakeman, quien es el actual presidente y principal ejecutivo. Ward dimitió al cargo y especificó en su renuncia que lo hacía por su “preocupación cada vez mayor sobre el proceso de gobernar esta compañía”.
Bajo el liderato de Wakeman, quien venía de GE Capital, donde laboró por 20 años, Doral vendió en el 2007 su operación en Nueva York, y ese mismo año nombró a Annelise Figueroa Cordero como vicepresidenta y gerente de Propiedad y Facilidades. Para ese entonces, Figueroa, poseía un bachillerato en Diseño Ambiental y estudiaba la maestría en Arquitectura y había sido gerente de Construcción y Mantenimiento en R-G Financial Corporation. Esta semana la ejecutiva fue arrestada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), acusada de fraude.
En el 2007, un grupo de fondos de inversión, encabezados por Bear Stearns, crearon una empresa matriz bancaria para inyectar $610 millones de capital a la institución, transacción que los accionistas avalaron en julio. Con dicha transacción, los accionistas redujeron su participación a 10% para que Doral Holdings Delaware se convirtiera en el nuevo dueño de Doral Financial y tuviese el 90% restante de participación en la institución.
Esta semana, El Nuevo Día publicó que Doral tenía contratado en aquel momento a Rolando Rivera Solís para que supuestamente hiciera trabajos de santería. Según fuentes de este diario, Rivera Solís hizo un ritual en la sala de juntas del banco, justo la noche antes de que los directivos aprobaran la millonaria transacción de Bear Stearns. Rivera Solís fue arrestado junto Figueroa Cordero por defraudar al banco por $2.3 millones. 
En enero del 2008, la SEC levantó la orden de Cese y Desista que pesaba contra Doral Bank desde marzo del 2006. Mientras, más de una docena de altos ejecutivos puertorriqueños que llegaron a Doral tras la recapitalización y quienes tenían vasta experiencia en la banca, fueron despedidos o forzados a renunciar. Estos despidos se unieron a los más de dos centenares de empleados que también fueron cesanteados en la institución entre el 2008 y 2011.  
Otro escándalo que sacudió a Doral fue el asesinato de  Maurice J. Spagnoletti, vicepresidente ejecutivo de Banca e Hipotecas, en junio del 2011. Spagnoletti, de 56 años, fue asesinado en el expreso De Diego, cerca del Túnel Minillas tras salir de su trabajo. Había sido reclutado por la junta en el segundo semestre de 2010 y era el tercer ejecutivo de más alto rango en Doral, solo precedido por Wakeman y por Robert H. Wahlman, principal oficial financiero y de inversiones de la institución. 
Un año después del asesinato de Spagnoletti, Doral Bank figuró en la lista de instituciones financieras “en problemas” de la FDIC, lo que le obligó a operar bajo mayores restricciones. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) también emitió una orden en su contra. El FDIC  le exigió a Doral Bank y su matriz, entre otras cosas, un plan de capital, así como la aprobación del regulador para nombrar nuevos oficiales gerenciales de alto rango o directivos.
En agosto del 2012 en una conferencia con inversionistas, Wakeman aceptó que Doral encaraba circunstancias negativas, pero aseguró que cumplía y excedía los objetivos de capital. Les explicó a los inversionistas que la institución poseía capital, gracias a un acuerdo con el Departamento de Hacienda que había suscritoen el primer trimestre de ese año. Para ese entonces, el secretario de Hacienda era Jesús Méndez y el acuerdo lo firmó la entonces subsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez, en nombre del scretario. Según Wakeman, ese acuerdo le permitía inyectar unos $200 millones a la base de capital de la institución. 
Pocos meses después, en diciembre del 2012, Wakeman anunció que Méndez se unía a Doral como vicepresidente ejecutivo, a cargo de las operaciones de día a día y tendría un puesto en la junta de directores.  La llegada del extitular de Hacienda se dio luego de que por meses se rumorara en los círculos financieros de la Isla que sus altos ejecutivos no estaban domiciliados en Puerto Rico, lo que mantenía preocupados a algunos inversionistas. 
Este diario cuestionó si dicho nombramiento no suponía un conflicto de interés, pues Méndez presidía Hacienda cuando Doral suscribió el acuerdo que le permitía mejorar su base de capital. Pero el banco respondió en la negativa, ya que supuestamente Méndez no había intervenido en la negociación del acuerdo.
En verano del 2013, a dos años del asesinato de Spagnoletti, su viuda y su hija entablaron una demanda en el Tribunal Federal contra Wakeman y otros ejecutivos de Doral. La demanda civil fue  por muerte por negligencia o asesinato, agresión y conspiración para cometer agresión, ataque y conspiración para cometer ataque, daño emocional y el RICO Act –de crimen organizado–, entre otros cargos. 
Además de Wakeman, el recurso legal fue contra la vicepresidenta ejecutiva de operaciones, Annelise Figueroa -arrestada esta semana por otros cargos-;  el jefe de Seguridad, José Robles; y el vicepresidente, jefe de Cumplimiento y jefe legal, Enrique Ubarri Baragano.
Según el documento, Spagnoletti supuestamente supo de “transacciones potencialmente fraudulentas o impropias” que incluían a Ubarri Baragano y a Figueroa. A principios del 2014, la viuda retiró la demanda, aunque el FBI dijo que continuaría con la investigación.
Las complicaciones de Doral se agravaron cuando en mayo del 2014 la FDIC le advirtió que ya no podría contabilizar como parte de su capital unos $289 millones en “cuentas por cobrar” al Departamento de Hacienda. Un día después, la acción de Doral registró su peor caída de la historia, cuando se desplomó 62% para cerrar en $3.73 cuando los accionistas vendieron masivamente sus títulos al conocer la advertencia de la FDIC. 
Wakeman no se cruzó de brazos y le reclamó a Hacienda, mediante carta, el pago del alegado reintegro de $232 millones, el cual se habría dado por un pago de contribuciones en exceso entre los años 2000 y 2004. Según el acuerdo del 2012, Hacienda reconocería el prepago de impuestos como crédito o mediante "reembolsos”.
Hacienda le respondió que dicho acuerdo contributivo era nulo tras concluir que los supuestos que sirvieron para establecer un reintegro de $232 millones eran falsos. 
Desdeel 2006, Doral operaba en negativo, registrando en total unos $1,128 millones en pérdidas a mayo de 2014. La institución bancaria demandó al gobierno, mientras la Cámara de Representantes inició una investigación sobre la controvertida transacción. El Tribunal determinó en octubre que el acuerdo era válido.
En diciembre pasado, el FBI allanó las oficinas centrales de Doral y cargaron con computadoras y cajas de documentos. El FDIC insistió en que Doral debía presentar un nuevo plan de capitalización, y tan reciente como este mes, el banco cerró sus operaciones en Miami, que había abierto hace dos años.
Esta semana, el Tribunal Apelativo revocó la decisión de la jueza Laureana Pérez y declaró que el reintegro a Doral no procede. Para remachar, la FDIC y la OCIF le cerraron el cerco al banco comercial al darle hasta ayer para que se recapitalice.  
Ayer, la OCIF cerró las operaciones de Doral y nombró como síndico del banco al FDIC. El FDIC, a su vez, nombró a Banco Popular, en alianza con otros colicitadores, como el banco que asumiría de inmediato todos los depósitos, al igual que ciertos activos y sucursales de Doral Bank.