El abogado Tomas Castro revelo ayer que quien le impartía ordenes a la magistrada Awilda Reyes Beltre era el consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, y puso en duda que el presidente de ese organismo, Mariano Germán, tenga pruebas de que la jueza de la Cuarta Sala Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, haya recibido dinero para liberar con un hábeas corpus al regidor de Pedro Brand Erickson de los Santos.
Asimismo, dudó que haya evidencias de que devolvió RD$350,000.
Señaló que el consejero Arias Valera era el representante de los jueces de Primera Instancia ante el CPJ, “o sea, uno de esos individuos que cuando habla, habla el jefe, independientemente de que no sea el jefe directamente que lo diga; por eso él (Mariano) puede decir que no fue él quien tramitó esas órdenes”.
Aseguró que fue Arias Valera quien en los interrogatorios “hizo la aseveración del dinero, no Awilda, como dijo el presidente del Consejo”.
Lo pusieron en jaque. Castro, quien informó será el abogado de la magistrada Reyes Beltré en el presente caso, sostuvo que al consejero Arias Valera lo obligaron a renunciar, bajo la advertencia de que si no lo hacía, podía ir preso.
“Estoy seguro de que lo obligaron a renunciar; él no hizo la carta, él, sencillamente le puso la firma”, añadió Castro al ser entrevistado por Hoy.
En cuanto a su cliente, sostuvo que lo que han dicho de ella el presidente de la SCJ y el procurador Francisco Domínguez Brito, en modo alguno es prueba de nada, sino que tendrán que demostrarlo en un proceso donde ella realmente tenga la capacidad y la posibilidad de defenderse.
¿Chivo expiatorio? En opinión de Castro, todo esto no es más que “un choque de poderes”, donde hay que tomar a alguien como chivo expiatorio. “El (Germán) no tiene pruebas; lo que puede tener es una declaración que hicieron los magistrados mediáticamente ahí, como una especie de salvamento en una situación que se presentó, para quitarle responsabilidad a los sectores políticos que fueron los que en definitiva decidieron lo del regidor de Pedro Brand”, expresó.
No obstante, no abundó más sobre ese tema de los sectores políticos ni los identificó.
PC ve indiscretas declaraciones del presidente de la Suprema
La directora ejecutiva del movimiento cívico Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, calificó como una indiscreción del presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, afirmar que la suspendida jueza, Awilda Reyes, admitió que sus decisiones se debieron a su “obediencia a instrucciones superiores”, en un proceso del que está apoderada la Inspectoría Judicial.
“Es un abuso de sus facultades, las cuales él como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial tiene que preservar”, advirtió.
En tanto, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, solicitó a Germán que renuncie a las posiciones que ostenta para que “el sistema de justicia no colapse”, y pueda ser saneado.
El abogado dijo que con sus declaraciones, Germán demuestra que no tiene dominio del accionar de sus subalternos y que con él como cabeza del Poder Judicial es imposible hacer una profilaxis como la que, según su criterio, requiere ese órgano.
Al ser preguntado por este hecho, tanto de la Rosa Tiburcio como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, abogaron porque haya mayor vigilancia de los actores de la Judicatura y la Magistratura, para evitar casos como el de los jueces sometidos a juicios disciplinarios por faltas graves en sus funciones.
De la Rosa Tiburcio consideró una falta del procurador general, Francisco Domínguez Brito, solo denunciar a los jueces, cuando “debió someterlos a la justicia”.
Reyes debe hablar. Subero Isa consideró que el gran reto de la destituida jueza es decir de quién recibió esas órdenes superiores. “Porque si la ciudadanía comienza a dudar de la independencia del Poder Judicial, que costó tanto sacrificio, ahí sí vamos a caer en un problema mucho mayor”.
El expresidente de la SCJ dijo que con este hecho no colapsa el sistema de justicia, pero “sí se mortifica y mortifica también a la ciudadanía, porque se va formando una percepción negativa que a la larga afecta al pueblo dominicano”.
El jurista manifestó que no amerita la convocatoria del Consejo Nacional de la Judicatura en este caso.
“Estoy totalmente opuesto a la convocatoria porque creo que el Consejo y el propio Poder Judicial tienen mecanismos sobre los cuales puede resolver un problema, que aunque rebasa los límites del Poder Judicial, es de su competencia y hay mecanismos de prevención”, expresó.
Sostuvo que al someter a los magistrados a juicio disciplinario se ha hecho lo correcto, y recomendó sanción penal si encuentran pruebas contra ellos.
Confirma injerencia. El abogado Francisco Álvarez aseguró que con el caso de Reyes Beltré “queda confirmado lo que siempre se ha sabido: que los jueces reciben presiones, sea de sectores externos al Poder Judicial o desde dentro mismo de ese poder”.
Advierte que es mucho más dañino cuando la presión viene desde lo interno, y sobre todo, del órgano que decide sobre los ascensos de los jueces.
Sobre Arias Valera. “En el reciente escándalo todos los datos llevan a pensar, que alguien enquistado en el órgano más importante del Poder Judicial, como lo es el Consejo del Poder Judicial, organizó un esquema para vender sentencias, para lo cual reclutó jueces de distintas jerarquías” sostuvo.
Consideró que resulta altamente sospechosa y debe ser profundamente investigada la renuncia del magistrado Francisco Arias Valera, tanto a su posición de juez como de miembro del Consejo del Poder Judicial, justamente antes de que se denunciara el escándalo,
Álvarez llamó al Consejo del Poder Judicial a explicar al país por qué renunció este magistrado.
Abogó por profundizar el caso para “preservar los jueces íntegros e identificar a los corruptos”. Dijo que esto cuestiona la independencia de la justicia .
FUENTE: HOY
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