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El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, confirmó este lunes que la jueza Awilda Reyes Beltré sí recibió dinero para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato.
Explicó que una vez que la jueza dispuso la libertad del regidor, la citó a su despacho y fue cuando ella reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso.
Aseguró que poseen pruebas y que las están tramitando a los órganos investigativos del Poder Judicial y al procurador general del República, Francisco Domínguez Brito, para los fines correspondientes.
Indicó que Reyes, de la Cuarta Sala Penal de Distrito Nacional, le informó que para devolver el avión incautado a uno de los ejecutivo del Banco Peravia, así como la devolución de 20 millones de dólares a la empresa constructora de la Torre Atiemar, vinculada a Arturo del Tiempo, supuestamente obedeció a instrucciones superiores.
“La magistrada dice que sus decisiones se dieron a su obediencia a instrucciones superiores, a la vez que reconoce haber recibido dinero para tales fines; y nosotros nos preguntamos: ¿Son conciliables ambas actitudes? ¿Puede una persona que alegadamente ha recibido órdenes para adoptar una decisión, recibir al mismo tiempo dinero para decidir el caso?” Se cuestionó el presidente de la Suprema.
Subrayó que tanto él, en su condición de presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial, ni ningún otro funcionario de la institución, no tienen nada que ver con las decisiones adoptadas por la magistrada Awilda Reyes.
“Nos han causado pesar, vergüenza, malestar y una profunda preocupación por el presente y futuro de la judicatura nacional; y nos impone la obligación de actuar con la rigurosidad adecuada y enfrentar estos casos y aquellos que pudieran surgir en el futuro”, refirió Germán Mejía respecto a las informaciones que han surgido a raíz de la investigación que lleva a cabo el procurador contra cinco jueces y un ex magistrado.
Ahora le toca al Procurador
El presidente de la Suprema señaló que le corresponde al procurador general de la República, Francisco Domínguez, someter a la justicia al exconsejero Francisco Arias Valera porque como institución ya no tienen competencia para juzgarlo en un juicio disciplinario.
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