En entrevista exclusiva, en dialogo con Política Comunicada, celebrando el inicio del “XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” que se lleva a cabo en Lima, Perú, desde hoy al 13 de noviembre de 2015, el Secretario General del CLAD Gregorio Montero destaca importancia de las tecnologías de la información y la transparencia.
¿Qué beneficios aporta la Innovación en la Administración Pública?
Dentro de los aportes que podemos mencionar se encuentran, más calidad y rapidez en la gestión de los servicios públicos, dada la gran cantidad de demanda ciudadana, ante lo que el Estado debe estar preparado para dar respuesta oportuna haciendo uso de la innovación, como una forma de gestión, de manera que contribuya a hacer las cosas bien y de forma rápida. Permite además, agilizar los procesos, para lo cual juega un papel determinante el uso de las TIC, y el reclutamiento y selección de personal, en procura de garantizar eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios.
¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la Administración Pública en materia de Innovación?
De las dificultades referidas podríamos citar como una de las principales, el autoritarismo imperante en la Administración Pública, pues obstaculiza la libertad para la innovación. También se puede citar la falta de valores democráticos, el no uso productivo de las Tecnologías de la Información, la rigidez que caracteriza a los procesos administrativos, la falta de liderazgo, la incapacidad de muchos colaboradores en los procesos de gestión la resistencia al cambio y falta de gestión del mismo, la falta de compromiso, entre otros.
¿Qué importancia han adquirido las Políticas de Transparencia y de Acceso a la Información por parte de la ciudadanía en los últimos años?
Es oportuno acotar que a los gobiernos opacos les está llegando su fin, pues la gobernabilidad democrática se basa en una política de transparencia y de libre acceso a la información pública.
Es en ese contexto, y con la aparición del Gobierno Abierto y los principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración, rendición de cuentas y tecnologías e innovación, que se busca consolidar un sistema verdaderamente democrático, transfiriendo poder al ciudadano a través del empoderamiento con estas herramientas, además de garantizar la disponibilidad de información relevante y de interés para el ciudadano; estos temas ya no se presentan como posibilidad de elección, sino como una obligación y compromiso para los gobiernos y autoridades públicas.
Todo esto garantiza la creación de valor público, permitiendo al mismo tiempo la cooperación público-público y público-privada, e incluso crea un sistema de control y transparencia en la gestión que contribuye a la lucha contra la pobreza, en el entendido de que a mayor transparencia y participación, mayor control y mejor uso de los recursos y diseño de políticas públicas orientadas a lograr el bienestar y felicidad de la gente a través de la entrega de servicios de calidad.
Esto también obliga a los gobiernos a implementar modelos de gestión de calidad y a formar y capacitar a los funcionarios, a fin de garantizar eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios.
¿Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías en los procesos participativos de la ciudadanía?
Por un lado, ofrece la posibilidad de adquirir información veraz, y ahí aparece el tema de los datos abiertos, lo que permite que determinados datos estén disponibles de forma libre para todos los interesados, con la posibilidad de que sean reutilizados por los ciudadanos, haciendo uso de las tecnologías de la información, dando al ciudadano la oportunidad de una participación cualificada, ya que la información que se maneja sobre la Administración Pública está siendo generada en el mismo momento en que se conoce, reduciendo así los niveles de opacidad.
¿Qué utilidad cree usted le dan los gobiernos a la información que reciben del ciudadano?
Muchos gobernantes lamentablemente no están preparados para manejar todos estos procesos que se han ido generando en la Administración Pública, por lo que en la mayoría de los casos tienden a minimizar el valor de la información que aporta el ciudadano, obviando que este vive el día a día, lo que le permite, haciendo uso de los mecanismos de participación, contribuir de forma adecuada. Aquí hay que destacar mecanismos de participación como protestas o manifestaciones con propuestas concretas a través de las cuales se han logrado reivindicaciones sociales, tal es el caso de la asignación del 4 % para la educación en la República Dominicana, por citar un ejemplo. Si los gobiernos prestaran atención a las informaciones que aportan los sectores populares, se lograría una gestión pública más eficiente y legitimada.
Considerando que el uso de las TICs es un factor determinante para la consolidación de un Gobierno Abierto, como cree usted ha beneficiado esto en la transformación y modernización que ha venido aconteciendo en la Administración Pública de Latinoamérica, y especialmente, en la administración dominicana?
Las tecnologías de la información y comunicación como factor determinante en el desarrollo del gobierno abierto no es un fin en sí misma, sino un medio para forzar a los gobiernos a escuchar al ciudadano, a darles participación, a trasparentar la gestión, a colocar información buena en sus sistemas.
Otro beneficio, facilitar la administración pública al ciudadano, permitiendo su influencia en las tomas de decisiones, apoyando el proceso de transformación del Estado, ha hecho que la colaboración o cooperación sea posible, al mismo tiempo se han creado los espacios para que los ciudadanos se involucren en la gestión gubernamental, porque hoy el ciudadano está pendiente de lo que ocurre en el interior de la administración y tiene derecho a saber sobre su funcionamiento.
En los últimos años los gobiernos Latinoamericanos han sido testigos de procesos de modernización y cambio, donde la participación ciudadana ha tenido un papel protagónico, hemos mencionado a República Dominicana con el caso del 4 % para la educación, pero igualmente podemos referirnos a los casos de Uruguay con su política de transparencia, El Salvador con la propuesta de Ley de Función Pública y la Ley de Participación Ciudadana, Venezuela con la cuestión de las políticas sociales, Paraguay con sus normas de transparencia; en todos ellos los resultados son fruto del debate abierto entre actores claves y el rol de la participación ciudadana.
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