El nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fue este miércoles una mera formalidad para el Gobierno. Horas antes de que el presidente de la Asamblea Nacional y numero dos del régimen, Diosdado Cabello, tomara juramento a los 13 togados principales y 21 suplentes, todos afectos al chavismo, invitó a la prensa a la sede de la máxima instancia judicial para cubrir la recepción ofrecida a los nuevos miembros.
El chavismo es escrupuloso con los procedimientos. Esperó cuatro sesiones, las que establece la Constitución, para lograr el nombramiento por mayoría simple de los magistrados. Todos fueron escogidos de una lista de 379 nombres por un Comité de Postulaciones muy criticado por la oposición debido a su parcialidad.
Las sesiones previas a la definitiva estuvieron marcadas por fuertes cruces entre los parlamentarios. Los insultos hacían pensar en un desenlace violento como en ocasiones anteriores. A la oposición le tocará esperar hasta el 5 de enero, cuando asuma el control del Parlamento —en las elecciones del día 6 logró tres quintos de los diputados—, para ver si decide actuar contra la selección de los nuevos cargos.
El Parlamento saliente tenía previsto cumplir así con la estrategia chavista de reconoce su derrota en las elecciones parlamentarias pero sin aceptar las consecuencias políticas de su derrota. Aprovechando su control sobre los poderes públicos, el Gobierno promueve en la Fiscalía investigaciones por la compra de votos en el Estado de Amazonas (sur de Venezuela) por parte de la oposición y ha intentado un contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo para impedir el nombramiento de 22 opositores recién electos para la Asamblea.
El recurso judicial, firmado por el abogado Leobaldo Salazar, no fue entregado a los abogados que representan a la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición ganadora, que sí obtuvo el número del expediente y conoció parte de su contenido. La posibilidad de que se instalara un Parlamento incompleto de inmediato se expandió a través de las redes sociales, que se convirtieron en un abrevadero de rumores que dan cuenta de la tensión. Fuera del país también hubo reacciones al intento por evitar que el nuevo Parlamento asumiera sus funciones. Treinta y seis ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) —entre los que se encuentran los exmandatarios José María Aznar, Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia) y Ricardo Lagos (Chile)— publicaron un comunicado donde llamaban la atención de los Gobiernos miembros del sistema interamericano “a propósito de las graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con desconocer la voluntad popular”. “La acción judicial ordinaria de nulidad electoral tiene los visos de un golpe judicial”, agregaron. En respuesta a la denuncia de la MUD, un despacho de prensa del Tribunal Supremo indicó que la Sala Electoral no había recibido ninguna impugnación de los resultados electorales.
Desmentido contestado
El desmentido reafirmó las sospechas de la oposición sobre la existencia del contencioso. “Nos parece genial que lo nieguen. Es una situación de extrema opacidad. Nos remitimos a los hechos: nuestro abogado vio el documento y teníamos el número del expediente. Lo ocurrido quiere decir que el Gobierno ha dado marcha atrás. Si admitían ese documento perderían el único argumento que les queda: reconocer los resultados”, dijo Torrealba. El Parlamento saliente está habilitado para legislar hasta la medianoche del 4 de enero. El Gobierno espera apoyarse en sus fallos para impedir que la oposición legisle contra sus intereses. El conflicto de poderes empieza.
Los nuevos jueces, afectos al régimen
La lectura de los perfiles de los 13 nuevos magistrados principales y 21 suplentes juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela no deja lugar a dudas. Han sido y son chavistas comprometidos con la deriva del bolivarianismo.
Destacan en la lista los diputados Calixto Ortega, miembro del Parlamento Latinoamericano y exencargado de negocios de Venezuela en Washington, y Cristian Zerpa, actual parlamentario por el Estado de Trujillo (en los Andes venezolanos). También están el exvicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela Luis Damiani Bustillos, quien ha participado en la formación ideológica de los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la defensora pública de Caracas Lourdes Suárez Anderson. La nueva togada es hermana del fiscal Danilo Anderson, considerado como un mártir por el chavismo después de morir asesinado en un atentado con bomba en 2004. Anderson fue el encargado de investigar el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002 y gozaba de su plena confianza.
El resto de los nuevos miembros principales de Supremo se dividen entre quienes se desempeñaron como magistrados suplentes hasta hoy, jueces rectores en la provincia venezolana y la Intendente Nacional de Tributos del Seniat, la oficina que recauda los impuestos.
Apenas el martes hubo confirmación oficial de la cifra de cargos vacíos en el Tribunal Supremo de Justicia. La naturaleza del régimen —que juega a la desinformación y tiende a la opacidad— había impedido establecer con precisión cuántos eran. En la presentación del informe final con la lista de candidatos, el diputado Elvis Amoroso, presidente del Comité de Postulaciones, no descartó que pudieran producirse otras vacantes en los próximos días.
Para renovar parcialmente la máxima instancia judicial venezolana antes de ceder el control del Parlamento, el chavismo presionó para conseguir jubilaciones anticipadas o las renuncias de aquellos juristas cuyo mandato vencía en el futuro inmediato. Fue una maniobra que comenzó meses antes del varapalo electoral del 6 de diciembre, porque los estudios de opinión indicaban que la derrota era más que probable. Fueron seleccionados por un Comité de Postulaciones Judiciales controlado por el Gobierno. Según las denuncias de la oposición, esta instancia ni siquiera observó los lapsos legales establecidos en la ley en su carrera por entregarle las propuestas a la Asamblea Nacional antes del fin de la legislatura.
Los nuevos magistrados pasarán 12 años en el Supremo y se espera que participen de la abierta confrontación de poderes en ciernes. La oposición deberá esperar dos años, cuando se presentarán nuevas vacantes, para nombrar personas no ligadas al Gobierno. No parece fácil que pueda sustituir a los recién nombrados alegando vicios en la selección. Para poder destituirlos requeriría que el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos del Estado y que está en manos del chavismo, establezca que los togados han cometido alguna falta grave.
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