SANTO DOMINGO.- “Es tiempo ya de que se eliminen prácticas que han convertido el erario en un botín al servicio del clientelismo político de los gobiernos de turno”, exige en su editorial de este sábado el diario Hoy.
Se refiere a la negativa del presidente Danilo Medina a promulgar el reglamento de aplicación de la ley que regula los salarios estatales, sin la cual los funcionarios de su gobierno se reparten, como un botín de piratas y comando mercenarios, los fondos del Estado, asignándose los sueldos propios, de secretarias, asistentes, amigos, queridas, novias, segundas y terceras “bases” a su antojo.
A sabiendas de ese desorden con los dineros del Estado, con lo que da su total respaldo, Danilo Medina no hace nada para aplicar la ley con la que se ajustarían los sueldos de acuerdo a los cargos, y sobre todo a la producción, porque lo que cobre una persona debe tener relación directa con su producción.
Nuevamente Ramón Ventura Camejo, el titular del Ministerio de Administración Pública, ha reclamado a Danilo promulgar el reglamento de aplicación de la citada ley, pero el presidente se hace el sordo, estimulando el derroche de los fondos públicos, él que alega siempre que puede que su gobierno maneja con “pulcritud” el erario público.
El editorial del periódico Hoy exige que se ponga fin al clientelismo político con el uso de los sueldos estatales, y critica a los partidos políticos, por no exigir la solución de tal situación.
Leamos el editorial de este sábado del diario Hoy sobre los salarios públicos, titulado, Salario público y clientelismo.
El editorial
Salario público y clientelismo
El Ministro de Administración Público, Ramón Ventura Camejo, clama y no le escuchan. Reiteradas veces ha pedido que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento de la Ley de Regulación Salarial del Sector Público, pero nada ha logrado. La decisión que reclama permitiría poner en práctica normativas que tienen por objeto erradicar el criterio clientelista y caprichoso conque los distintos gobiernos han fijado las remuneraciones en las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado.
Así como los partidos políticos han torpedeado los intentos en procura de que el país cuente con una actualizada Ley Electoral y una ley que regule a las organizaciones políticas, los intereses se oponen a que una ley les impida fijar los sueldos del Estado en función de simpatías políticas, en vez de capacidades técnicas demostradas. La ley de salario público acabaría con el festín que tanto dinero le cuesta al erario y que fomenta inequidad y abuso.
Es tiempo ya de que se eliminen prácticas que han convertido el erario en un botín al servicio del clientelismo político de los gobiernos de turno. La Ley de Regulación Salarial del Sector Público fue aprobada en el 2013, pero la falta de una decisión sobre su reglamento de aplicación ha impedido que se ponga en práctica. Esperamos que esta vez haya oídos que quieran oír al ministro Ventura Camejo.
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