SANTO DOMINGO. Pinegy Commercial Group, una empresa desconocida que tiene como domicilio legal la oficina de la firma de abogados Pou & Velázquez, tiene un registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que fue formalizado el 14 de mayo de 2013.
Pero menos de 8 meses después, formaliza un contrato con la Corporación de Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE) para construir una planta a carbón, y venderle al Estado durante los siguientes 25 años, la energía eléctrica que produzca como generadora.
En ese registro se describe su actividad “producción de energía eléctrica, comercialización, generación, distribución y venta de energía eléctrica, importación y exportación de productos y servicios relacionados con el servicio energéticos”.
Ese registro, con el número 98114, tiene por fecha de vencimiento el 20 de mayo de 2015.
Además, el boletín de agosto de 2012, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Pinegy Commercial Group aparece bajo el registro número 337225, pero como una empresa que se dedica a la “fabricación, venta y distribución de todo tipo de plástico, así como promover e invertir en empresas comerciales, industriales, turísticas, sociedades financieras de bienes.
En una búsqueda en Internet con el nombre de la empresas (“Pinegy Commercial Group”) y con un intervalo de fecha desde el primero de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, el buscador Google arroja 7 resultados: seis de ellos en la página Vanguardia del Pueblo, que es periódico del PLD, y una en la página de la distribuidora de electricidad EdeSur.
Al realizarse ayer la búsqueda, sin intervalo de fechas, Google arroja 256 resultados publicados en los días recientes, siendo la mayoría de las páginas de los medios de comunicación.
Anulación del contrato
En una nota de prensa distribuida en la noche de ayer, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, informó que el contrato con Pinegy Commercial Group fue anulado el 27 de mayo de 2015, mediante acto de alguacil enviado a su gerente, el abogado Manuel Porfirio Velázquez, de la firma de abogados Pou & Velázquez.
Bichara explicó que a pesar de haber transcurrido 19 meses de los primeros acuerdos, y más de un año del acuerdo de potencia, pesaban “relevantes incumplimientos” a las obligaciones asumidas por ambas partes.
Se refirió, además, a la imposibilidad de la empresa privada de materializar la penalidad prevista, ante la ausencia de contratos de compra de la planta y de financiamiento con algún banco de primera línea.
Silencio empresarial
Este reportero ha realizado insistentes gestiones para obtener una entrevista con el abogado Manuel Porfirio Velázquez, También se visitó la oficina del abogado, quien, a través de su secretaria, informó que daría la entrevista pero con todos los socios de la empresa presente. Esa entrevista no se realizado. La CDEEE tampoco ha accedido a responder las preguntas de este medio.
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