Una protesta de medio centenar de diputados opositores venezolanos, que exigían una fecha de validación de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, fue dispersada este jueves por autoridades.
Algunos de los diputados dijeron haber sido agredidos por grupos de simpatizantes del gobierno a las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.
Medios locales publicaron una foto del jefe de la bancada opositora Julio Borges ensangrentado y refugiado en las oficinas de la Asamblea Nacional después ser perseguido por simpatizantes oficialistas.
Los diputados, que buscaban entrar a las instalaciones del CNE, fueron dispersados de la zona después de que las autoridades lanzaron gases lacrimógenos.
En recientes semanas el Tribunal Supremo de Justicia, que la oposición considera afín al gobierno, publicó una sentencia en la que prohibía protestas al frente de la entidad electoral.
La oposición denunció el ataque de simpatizantes del gobierno.
La crisis económica también ha hecho que las protestas sean cada vez más frecuentes en Venezuela.
La tensión en las últimas semanas en Venezuela no ha hecho sino crecer por la crisis económica, que genera decenas deprotestas diarias, y la exigencia de la oposición de que el referendo se realice.
Validación de las firmas
La oposición le exige al CNE que dé a conocer las fechas en que se validarán las firmas de un millón y medio de ciudadanos que, según dijeron, suscribieron la solicitud de revocatorio.
Según el reglamento de referendos, la validación se realiza cinco días después de ser recolectado el primer paquete de firmas.
Pero han pasado 39 días desde que la oposición entregó las firmas correspondientes al 1% del registro electoral, el primero de varios pasos para activar el referendo.
La oposición quiere que la continuidad del presidente Nicolás Maduro sea decidida en un referendo.
El revocatorio en la mitad del periodo presidencial, como ocurre este año con el mandato de Maduro, es una garantía de la Constitución.
Pero la oposición dice que el CNE, al que también acusan de ser aliado del gobierno, busca dilatar el proceso para que no se realice en 2016 y por consiguiente no haya elecciones presidenciales este año, como en teoría ocurrirá si el presidente es revocado.
Si el referendo es en 2017, y Maduro tiene que dejar el cargo, la presidencia sería asumida por el actual vicepresidente.
El CNE rechaza estar apoyando al gobierno y dice que está cumpliendo las normas establecidas en el reglamento de referendos.
El oficialismo ha reiterado una y otra vez su opinión de que el referendo no se podrá realizar este año y que en lugar de una garantía constitucional es una “opción” contemplada por la Constitución.
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