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El Periodiquito Oriental.- Tras el proceso electoral del pasado mes de mayo, analistas diagnosticaron que el sistema de partidos en República Dominicana está en crisis, tesis que reafirmaron tras la disputa de 21 mil aspirantes por 4 mil puestos, situación que no se daba desde 1994.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tras haber realizado la observación del proceso y rendir el informe pertinente concluyó que “República Dominicana necesita realizar una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral”.
El equipo de la misión, encabezado por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, consideró “urgente avanzar en el diseño” de la Ley de Partidos, subrayando la inequidad y la desventaja de los partidos minoritarios en el acceso a medios de comunicación y otros aspectos.
El organismo tomó en cuenta elementos como la compra de cédulas y votos, actividad proselitista dentro y fuera de los centros de votación, inequidad en la cuota femenina y los parámetros sobre el financiamiento de las campañas, para indicar que se hace urgente que se apruebe una Ley de Partidos que garantice equidad.
Otro de los aspectos que tomó en cuenta la OEA, fue el tema relacionado a los fondos para los partidos. En el país, el 80 % de los recursos públicos destinados a esos organismos se distribuye en partes iguales entre organismos políticos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios, de acuerdo con la Ley Electoral.
¿Cuándo inició la discusión sobre el proyecto de Ley de Partidos?
La Ley de Partidos empezó a discutirse en el año 1998, bajo la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana desde el “Diálogo Nacional”, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado (1998-99), durante su primer periodo de Gobierno, ratificado en el gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.
Hay que recordar, además, que en lo más reciente, en los años 2009 y 2012, los líderes políticos de los principales partidos, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Danilo Medina, con la siempre mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, centraron el propósito en una ley consensuada, pero nunca ha tenido éxito porque el proyecto siempre termina “engavetándose”.
Los principales partidos, los mayoritarios, han evadido durante 16 años la aprobación de un proyecto de Ley de Partidos, que tiene diversas modificaciones y ha sido presentado decenas de veces en el Congreso.
El proyecto de ley fue engavetado en el 1999 por el entonces presidente Leonel Fernández, pero también los perredeístas evadieron su aprobación durante el periodo 1998-2006, cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras.
En septiembre de 2014 se había alcanzado otro consenso para la ley, pero el PLD presentó una propuesta disminuida en su contexto, la que fue rechazada por la oposición y organizaciones sociales, por lo que el proyecto fue retirado cuando se esperaba su ratificación en segunda lectura en la Cámara de Diputados.
Hay una propuesta de la autoría de la Junta Central Electoral, engavetada en el 2011, que es a la que apuestan los expertos en el tema. La misma fue fruto de una consultoría técnica pactada con la Organización de Estados Americanos (OEA), que partió de los proyectos que entonces se discutían y consensuó con organizaciones políticas y sociales que reclaman transparencia y equidad.
¿Por qué a 16 años, aún no convierten en ley el proyecto?
Podría decirse que ya el proyecto es adolescente, tiene 16 años reposando en el Congreso Nacional, y de manera constante resurge y vuelve a ser reintroducido. Sectores públicos y privados han hecho hincapié en la urgencia de aprobarlo, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otros.
La politóloga Rosario Espinal atribuye la responsabilidad que no se haya promulgado la ley el proyecto a los organismos políticos. Asegura que los mismos partidos lo han retrasado porque “no quieren ser controlados”.
“El problema con la Ley de Partidos es que “ni se ponen de acuerdo entre ellos ni dentro de un mismo organismo. Hay demasiadas diferencias y eso no se resuelve fácil, porque la clase política, no quiere ser controlada”, señaló Espinal durante una entrevista realizada en el programa En la Mira de Fidelity 94.1 FM.
La politóloga fue firme en sus aseveraciones “son ellos mismos (los partidos), los que no quieren ponerse normas, ni ataduras ni limitaciones”; defiende que la forma más fácil de no poner control es dando largas para que el proyecto no se convierta en ley y, añade que un elemento que lo retrasa, es la suma a la discusión de gente ajena a la política.
Para el politólogo Belarminio Ramírez, la norma no se ha aprobado porque se ha jugado a las coyunturas electorales. Asegura que la misma sería beneficiosa para el sistema de partidos, así como “para la sociedad, que necesita fortalecer su institucionalidad democrática”, precisa.
Sobre el tema, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Institucionalidad y Justicia (FINJUS), atribuye la tardanza en la aprobación de la Ley de Partidos responde a un fenómeno social producto de la resistencia al cambio.
Explica que en el devenir del tiempo, las agrupaciones políticas han sufrido una serie de transformaciones que le han impedido en muchas ocasiones tomar el contacto directo con la ciudadanía, convertirse así en instrumentos de cambio y fortalecimiento institucional.
“Como parte de esa dinámica propia se han ido constituyendo grupos de interés al interior de los partidos, que independientemente de los buenos deseos de alguno de sus miembros, han terminado convirtiendo al partido en ´un fin en sí mismo´. Esa es la razón principal que explica el largo tránsito de temas de 16 años para la adopción de una nueva Ley de Partidos”, es el parecer de Castaños Guzmán.
Para el abogado Pancho Álvarez, la dilación ha tardado porque el partido que tiene el control del Congreso Nacional “no ha querido sacrificar las ventajas que le da no estar regulado”.
En tanto que el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor (Ito) Bisonó, considera que la culpa del retraso de la aprobación de este proyecto, es de las cúpulas de los partidos mayoritarios que han tenido mayoría en el Congreso y, a quienes, “no les ha interesado ser regulados por la ley”.
¡Es tiempo de aprobar la Ley de Partidos!
Los entrevistados por la Z 101 digital, consideran que es tiempo de aprobar la Ley de Partidos y, que la misma, tenga como objetivos fundamentales la adecuación de esas agrupaciones a los mandatos de la Constitución.
“Que los partidos puedan ser instrumento para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado social y democrático de derecho en el país”, afirma Castaños Guzmán.
Para el abogado Álvarez, el proyecto debe ser convertido en ley “sin más demora, no sólo porque es necesaria para alcanzar democracia y transparencia dentro de los partidos, sino, además, porque lo ordena la Constitución”.
En tanto que el diputado Bisonó, considera al igual que Castaños Guzmán y Álvarez, que “ya es tiempo, porque esta ley está pendiente desde el año 1997, fruto del pacto político de esa época”.
El politólogo Ramírez, expresa que “el sistema político no resiste un proceso electoral más en ausencia de una norma que regule y transparente los procesos intrapartidarios”.
La propuesta que concita mayor apoyo: la de la JCE
Para el representante de FINJUS, la propuesta que reposa en el Congreso, elaborada por la Junta Central Electoral, tuvo la virtud de recoger la opinión de expertos internacionales y locales y, toca los ejes fundamentales de los cambios que requieren los partidos.
“Esta propuesta para nosotros es la que mejor articula el análisis de la realidad, o sea, el diagnóstico de los problemas, con las sugerencias de reformas y consideramos que es la mejor plataforma para producir un consenso social que pueda fructificar”, argumenta.
Con la posición de FINJUS coincide el abogado Álvarez, quien especifica que “toda discusión debe partir del proyecto presentado en el 2011 por la JCE, que se redactó con el apoyo de la OEA y es el más completo”.
Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano alega también que “…el proyecto de la JCE puede ser la base de discusión”.
¿Tendrá éxito la discusión actual?
Espinal considera que “pensar que se va a pactar una ley electoral en la que todo el mundo esté de acuerdo es imposible aunque se hable mucho de consenso, sugiriendo que lo que se debe buscar es una ley que tenga la mayor aceptación posible y que cumpla con su intencionalidad”.
Ante la pregunta de si tras 16 años podría por fin aprobarse, Castaños Guzmán, destaca que pese a la larga experiencia y amplia habilidad de monseñor Agripino Núñez Collado, “debemos recordar que el factor primordial que incide para que esta ley sea aprobada reside principalmente en la voluntad de cambio y el reconocimiento que hagan los propios partidos de sus propias debilidades”.
Álvarez es optimista al señalar que “la misión de Núñez Collado puede tener éxito, sobre todo porque el desastre electoral del 2015 ha creado mejores condiciones para aprobar la ley de partidos y la nueva ley electoral”.
“Sí, creo que monseñor es quien puede armonizar los diferentes puntos de vistas de los partidos. Monseñor conoce muy bien a cada uno de esos actores políticos”, coincidió Bisonó.
¿Resolvería la Ley de Partidos la crisis del sistema?
“Ninguna ley o acto normativo cambia la realidad por sí misma, porque la clave de los cambios sociales descansa en la acción concertada entre el Estado y la ciudadanía y, la creación de espacios de participación de la ciudadanía para desarrollar su vocación democrática y ejercer la soberanía popular”, es la consideración del representante de FINJUS.
Esperanzado, agrega que en las iniciativas que se están desplegando para elaborar finalmente una moderna ley de partidos y agrupaciones políticas, espera que sirvan para que estas organizaciones sean verdaderamente herramientas para el desarrollo de la democracia y con ella “podamos superar la desconfianza, el descrédito y la distancia entre las agrupaciones y la sociedad”.
La posición de Álvarez es la misma, precisando que la ley debe ir acompañada de la voluntad política para su aplicación. “Sin esa voluntad política que asegure el respeto de la ley, la misma no tendrá el efecto esperado”, afirma.
Bisonó agrega que “una ley de partidos, definitivamente ayudaría a cambiar el proceso de deterioro y secuestro en que se encuentran los partidos, siempre y cuando se aplique. También tendríamos que contar con la ley de la JCE y un código de garantías para el Tribunal Superior Electoral, todo junto: las tres leyes serían el Código Electoral”.
La ley busca adecentar la política
El proyecto de ley persigue regular el tiempo de las campañas electorales, establecer un régimen de sanciones, la necesaria transparencia en el financiamiento de las campañas, que disponen identificar sus fuentes y sancionar abusos al patrimonio público.
Un elemento que ha sido siempre de confrontación, es el que tiene que ver con transparentar el financiamiento de las campañas, en esta parte, conviene recordar el listado de 20 candidatos que habrían recibido financiamiento del narcotráfico, según denunciara el departamento Antilavados.
Las discusiones y consensos sobre la ley de partidos encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales.
Finalmente, los consultados al respecto, coinciden en que un proyecto bien consensuado, como el que propuso la JCE, vendría a adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Actualmente, se discute el proyecto con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado y los actores de
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