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EPO-.SANTO DOMINGO.- El abogado Namphi Rodríguez consideró inaceptable que siendo Danilo Medina presidente del Consejo Nacional de la Magistratura se viole la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial y se opte por consignar una “reconsideración pírrica” a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de RD$800 millones en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el 2017.
Rodríguez, presidente de la Fundación y Derecho, dijo que es asombroso el desinterés y la indolencia del mandatario por retomar la agenda de la reforma y fortalecimiento del Poder Judicial como columna vertebral del sistema de seguridad pública.
“Es un ahorcamiento financiero e institucional contra el Poder Judicial, que debe cesar, y el presidente de la República es la persona más idónea para poner coto a esa situación porque él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y como tal conoce la realidad”, subrayó.
Recordó que la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa, del año 2005, estableció en su artículo tres que el presupuesto del Poder Judicial será por lo menos del 4.10 por ciento de los ingresos del Estado, y que ese porcentaje se debe distribuir en un 2.66 por ciento para la Suprema Corte de Justicia y un 1.4 por ciento del presupuesto de la nación para la Procuraduría General de la República.
El jurista consideró que al desconocer el mandato de ley y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, el presidente Medina viola el principio de separación de poderes consignado en el artículo 4 de la Constitución.
“Estamos en un terreno cenagoso de inconstitucionalidad y desconocimiento del principio de separación de poderes, puesto que la autonomía presupuestaria es uno de los aspectos más sensibles de la institucionalidad de un órgano o un poder del Estado y hay que observar los porcentajes que dispone la ley en provecho de ese órgano”, señaló.
“El 2.66 por ciento que establece la ley debe representar entre 14 y 15 mil millones, es decir, es una violación penosa”, añadió.
A su juicio, esa es una manera del mandatario y la clase política mantener subyugado el Poder Judicial para que responda a la voluntad de los gobernantes de turno.
Deploró que mientras a la justicia se le dispensa ese tipo de tratos, el Presidente asigna cuantiosas sumas a programas como Despacho de la Primera Dama, visitas sorpresas y al Plan Social, que ni siquiera figuran en el organigrama legal y burocrático del Estado dominicano.
“No puede ser que el Plan Social o el Despacho de la Primera Dama reciban lo que debe ir al Poder Judicial, es una manera de desconocer el rol de los poderes del Estado y un manejo antojadizo y caprichoso del Poder Ejecutivo”, lamentó.
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