EPO-.CARACAS.- Los trinos de Twitter están en la mira de las autoridades venezolanas, las cuales tienen entre sus planes para el año 2017 regularlos por considerarlos “armas muy peligrosas”. Para catedráticos y activistas en Derechos Humanos estos anuncios son sinónimos de buscar cerrarle el pico al pajarito azul y así dejar a los ciudadanos sin una de las pocas vías que tienen para expresarse sin cortapisas.
“Las redes sociales (…) son armas muy peligrosas (…) por allí se han hecho cosas abominables entre sociedades, apología a la muerte, estimular guerras, desde el anonimato y la cobardía”, afirmó a finales de noviembre el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, quien acto seguido anunció: “Estamos adecuando normativas y providencias para la utilización de Internet y de todas esas nuevas tecnologías (…) Vamos a una consulta pública de la norma que regulará las redes sociales, tenemos el deber histórico de hacerlo. Esta sociedad de hoy en día está perfectamente conectada por las redes sociales y ese campo no puede estar desregularizado, donde se permita la pornografía, la violencia y la instigación como hoy sucede”.
Pero cómo se hará esa regulación y qué se pretende incorporar al ordenamiento jurídico no lo aclaró el funcionario, quien simplemente se limitó a señalar que “la sociedad requiere mecanismos de regulación nada distintos a lo que han hecho otros países”.
Las palabras de Méndez han disparado las alarmas en las universidades y entre las organizaciones de Derechos Humanos. “La historia reciente en Venezuela nos muestra que cuando desde el Gobierno se habla de regular en realidad buscan controlar, pues hay una tendencia autoritaria y represiva”, afirmó el profesor Andrés Cañizales.
En similares términos se pronunció el abogado Gonzalo Himiob, directivo de la organización Foro Penal Venezolano, quien tras recordar que Venezuela es el único país de la región donde hay personas detenidas por tuitear (cuatro), aseguró: “Controlados los medios tradicionales lo que le queda por controlar al Gobierno son las redes sociales, que es el único medio que tienen los ciudadanos para expresar su malestar y para intentar informarse sobre lo que ocurre en el país”.
Desde 2010 casi una docena de venezolanos ha ido a parar tras las rejas por los mensajes emitidos a través de Twitter.
Esta no es la primera vez que las autoridades ponen su mirada sobre las redes. En marzo de 2015 la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también formuló una propuesta en ese sentido, por considerar que era una manera de poner fin a los rumores.
“Yo creo que este tema de las redes sociales hay que regularlo, oye y que mañana no me vayan a sacar diciendo que estoy cercenando el derecho de expresión, pero es que la conducta del hombre en la sociedad tiene que ser regulada”, dijo, luego de informar que había sido falsa una denuncia hecha por una mujer en relación al rapto de su hijo en Chacao.
Sin necesidad
Desde Espacio Público, organización encargada de defender la libertad de expresión, también cuestionaron la propuesta y no descartaron que la misma busque restringir aún más la libre circulación de ideas y opiniones, pero además la consideraron innecesaria.
“Ya hay bastantes regulaciones en la legislación nacional para cometer delitos. Si alguien amenaza a otra persona a través de las redes, pues lo que hay que hacer es perseguir a esa persona para que responda y no a la plataforma que utilizó para realizar la amenaza. ¿Si la hiciera por una carta se perseguiría al correo o al cartero?”, afirmó Carlos Correa, director de la agrupación desde México, donde participaba en un evento sobre Gobernanza en Internet.
El activista tampoco vio con buenos ojos que la propuesta salga de Conatel, del que dijo “tiene una tradición de bloquear sitios web sin procedimiento previo y de manera arbitraria”. El año pasado, durante la evaluación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el entonces director de Conatel, William Castillo, admitió que su despacho había logrado impedirle a los venezolanos ver más de mil páginas.
Himiob también consideró innecesarias más leyes. “El Código Penal ha demostrado que sirve, sino por qué están presos Víctor Ugas (señalado de difundir las fotos del cadáver del asesinado diputado Robert Serra) o Braulio Jatar (quien informó por Twitter sobre el cacerolazo contra el presidente Nicolás Maduro)”, rememoró, al tiempo que alertó: “Se está buscando ampliar el espectro represivo mediante la inclusión de más delitos de opinión, cuya redacción seguramente será vaga y amplia, permitiendo muchas arbitrariedades”.
Sólo en dictaduras
Los expertos le salieron al paso a las afirmaciones de Méndez en relación a que las regulaciones que impondrán serán similares a las existentes en otros países.
“En la región no hay leyes, pero tribunales han dictado sentencias que han abierto un debate sobre lo que se puede o no difundir por Twitter y otras redes. Por ejemplo, en Brasil una artista pidió que sus fotografías fueran eliminadas de una página y el juez le pidió a Google y Facebook hacerlo”, dijo Correa, mientras que Cañizales agregó: “Solo en países como China o Irán, que no son democráticos, se controlan las redes sociales”.
En 2009 las autoridades iraníes descubrieron el poder de las redes sociales, a través de las cuales se convocaron las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Mahmud Ahmadineyad; y las bloquearon para impedir que los manifestantes se organizaran. Dos años después el régimen de Hosni Murabak en Egipto trató de emular a sus pares persas, pero no sirvió para salvarlo; y apenas el mes pasado el Gobierno turco bloqueó Twitter, Facebook, YouTube y WhatsApp luego de detener a los líderes de un partido opositor.
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