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EPO-.Seis muertos, una veintena de heridos, cinco casas destruidas, al menos quince vehículos afectados y miles de pesos en pérdidas es el saldo dejado por las fugas de gas y deflagraciones ocurridos en las envasadoras de GLP «Gas Licuado de Petróleo» «Sol Gas», en Los Ríos, y «Mariot Gas», en Alma Rosa II, desgracias que en unas semanas cumplirán un año.
Felipe Vinicio Morel, de 63 años, Marina Álvarez, de 52, y Eddy D’Oleo Encarnación, de 40 años, todos residentes en el sector La Esperanza de Los Ríos, murieron en la unidad de quemados Pearl F. Ort, que funciona en el hospital Ney Arias Lora, a causa de las quemaduras que sufrieron la mañana del martes 16 de febrero.
Dos semanas más tarde, el 3 de marzo, Epifanio Lora, de 43 años, Felipe Almonte, de 51, y Bonifacio Alarcón, de 40 «los dos primeros empleados y el tercero cliente de la envasadora» también fueron víctimas mortales del GLP y murieron en la misma unidad de quemados en que fueron ingresadas las víctimas de la tragedia anterior.
Pero luego del luto, las protestas y los múltiples trabajos de los medios de comunicación, Mariot Gas opera de forma normal y las instalaciones de Sol Gas están listas para reabrir sus puertas en cualquier momento, a pesar del temor de los residentes en el entorno de estas plantas ubicadas en zonas residenciales.
Sol Gas
Dentro de la reparada envasadora, un seguridad y dos empleados cumplen horario y dicen desconocer cuándo la administración dispondrá la reapertura de la planta. Según vecinos, el tanquero del que hace un año se escapó el gas ha sido instalado bajo tierra como parte de las readecuaciones que se hicieron en la planta.
En la parte trasera, las viviendas destruidas no han sido reparadas. Algunos que tenían casas alquiladas en el lugar se mudaron, muchos con la ayuda de la administración de la envasadora. Los que son propietarios, no se han ido de la zona y algunos dicen querer que la envasadora compre sus propiedades para irse a vivir a otro lugar.
En el frente de la envasadora, ubicada en la avenida Circunvalación, los negocios cuyos cristales y mercancías fueron arruinados con el estruendo, al igual que el centro educativo ubicado a pocos metros de la estación, abren sus puertas con normalidad.
En junio, residentes en la zona organizaron una protesta para que se impidiera la reapertura de la envasadora, supuestamente programada para diciembre de 2016, pero aseguraron no haber tenido respuesta por parte de las autoridades.
Aunque dijeron estar opuestos a que la envasadora vuelva a abrir sus puertas, parecen estar resignados a la idea de que nada pueden hacer para impedirlo.
“Uno no quiere que la abran, pero como quiera la van a abrir”, lamentó Wendy Arias Soto, quien hace dos años vive en el sector y, luego del accidente, recibió 60 mil pesos para reponer sus ajuares. A pesar de que se mudó de la zona, pasa gran parte del día en el lugar para ayudar el negocio de comida de Marina Álvarez, fallecida por el accidente.
Al igual que a ella, la administración ofreció ayuda económica a los demás afectados e incluso se habló de una indemnización para los familiares de los fallecidos. Pero, según Yoselin Valerio, quien vive en la zona hace ocho años, esta ayuda no ha llegado.
“A los que se les destruyó toda la casa y a los que se les murieron familiares no les han dado nada, a quienes le dieron dinero fue a los inquilinos para que se mudaran a otro lado y a unos cuantos que demandaron”, dijo Valerio.
Ramona Castillo, también residente en la parte trasera de la envasadora, dijo no querer que sea reabierta la planta de gas, ubicada a pocos metros de la casa donde hace siete años vive con su marido.
“A uno no le gustaría que la abrieran, pero siempre se dice que el pez grande se come al chiquito y ellos están por eso”, dijo la mujer de 46 años al tiempo que explicó que su esposo tiene la intención de vender la propiedad a los dueños de la envasadora, “ellos, al principio, le dijeron que comprarían, pero después se arrepintieron”.
Mariot Gas
En Alma Rosa II las personas siguen yendo a comprar gas a la envasadora que en marzo del pasado año implantó terror en la zona ante la posibilidad de que uno de sus tanqueros, con capacidad para cinco mil galones de gas, explotara y destruyera las casas a su alrededor luego de que una fuga de gas causara una deflagración que cobró la vida de tres personas y causó daños a al menos tres casas colindantes.
Pero, aunque los vecinos dicen no estar de acuerdo con las operaciones de esta planta, hace meses cesaron las protestas y las visitas a los medios de comunicación para pedir que las autoridades cancelaran los permisos de operación de esa envasadora.
De acuerdo con residentes en la zona, Mariot Gas retomó sus actividades aproximadamente dos meses después de la tragedia. Entre las readecuaciones que hicieron a las instalaciones incluyeron dos nuevos tanqueros estacionarios que se suman a los tres móviles que, según residentes en las casas contiguas, pasan el día estacionados justo al lado de la pared que separa sus casas de la envasadora.
El peligro que representa la cercanía de sus casas con la envasadora, y con las otras seis instaladas en el sector, en franca violación a los límites de distancia establecidos por ley para este tipo de negocios, ha hecho que sus casas pierdan valor y, ahora que algunos se proponen venderlas para irse a otro sector, no consiguen compradores.
Esta situación dijeron estar viviendo Ramón Geraldino y Sagrario Jiménez, quienes tienen 23 y 17 años respectivamente residiendo en la zona.
En el caso de Geraldino, dijo estar procediendo de forma legal contra Mariot Gas ya que el dinero que le ofrecieron como compensación por los daños que sufrió su vivienda es 162 mil pesos cuando, según explicó, la reparación de las averías en el techo y paredes de su residencia asciende al monto de un millón de pesos.
Jiménez, cuya casa queda al lado de la de Geraldino, se vio menos afectada y ya recibió el pago por los daños. Aun así, dijo tener la intención de mudarse, pero que no lo ha hecho porque su casa pasó de valer siete millones a recibir ofertas de hasta dos millones cuando ha intentado encontrar comprador.
Una persona, identificada únicamente como Ana, señalada como la administradora de Mariot Gas, aseguró que el seguro de la envasadora respondió por los daños físicos causados, pero se negó a responder qué pasó con los familiares de los fallecidos.
Otra vecina de la zona, Marina Pérez, dijo que antes del accidente en la envasadora planeaba comprar la casa en la que vive alquilada hace cuatro años. Pero, según explicó, la tragedia en Mariot Gas la hizo cambiar de idea, más aun por el hecho de tener justo en frente de la residencia otras dos envasadoras: Antillana Gas y Hilgas.
En Antillana hay un tanquero y el local carece de tecnología moderna y muchos empleados. No así en Hilgas donde tienen tres tanqueros y al menos seis empleados para atender a los clientes que llenan sus nueve estaciones de expendio del gas.
Estas dos plantas de GLP están divididas únicamente por una pared y a una distancia de menos de 500 metros de Mariot Gas, algo que por ley, no está permitido pero que, sin embargo, está sucediendo hace años en Alma Rosa II sin que las autoridades hayan intervenido.
Lo que hicieron las autoridades
Dos días después de la deflagración en Mariot Gas, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ordenó la suspensión temporal de los procesos a para la instalación de nuevas envasadoras.
Esta suspensión sería, de acuerdo con la resolución 2016-31, hasta que fueran actualizados los requisitos de seguridad requeridos respecto a vivienda y centros que agrupen personas y que puedan comprometer la seguridad de personas y bienes materiales.
En esa resolución se ordenaba también, que las envasadoras realizaran un Análisis de Evaluación de Riesgos de cada una de sus plantas que permita determinar las medidas inmediatas a implementar para mejorar la seguridad requerida para sus operaciones. Además de esto la resolución indicaba que las plantas debían entrenar a su personal anualmente y presentar pruebas de ello.
Para la entrega del análisis se otorgó un plazo de seis meses y otros seis meses para implementar los ajustes necesarios en materia de seguridad que necesitaran las instalaciones, de acuerdo a los resultados del informe. Cumplido este último plazo se les retiraría, de manera temporal, el permiso para operar a las envasadoras que no cumplan con esta resolución.
Pero esto no pasó, en lugar de cumplir con esos plazos el MIC emitió una nueva resolución en la que los prorrogaba.
En septiembre, de 2016, cuando se cumplían los seis meses límites para la entrega del análisis de riesgo, el ministerio otorgó una prórroga de seis meses más. Así las cosas será en marzo de este año el plazo límite para que las envasadoras de gas presenten el análisis.
No obstante a esto, fue ampliado por 12 meses el plazo para que se capacite al personal y para que se implemente las medidas de seguridad que por ley deben cumplir estos negocios para garantizar la seguridad en sus operaciones.
Hasta el momento el tema de las envasadoras de GLP no ha vuelto a ser tocado por el MIC. Se desconoce cuántas de las 1,495 envasadoras de gas registradas en el país han presentado su análisis de riesgo y han capacitado a su personal.
Otro tema del que no se tiene conocimiento es de la actualización del reglamento 2119, sobre uso y regulación de GLP. A finales de febrero 2016, a causa del fuego en Los Ríos, el MIC se reunió con los actores ligados al proceso para modernizar estas regulaciones que datan del 29 de marzo de 1972, algo que todavía no ha sucedido.
Mientras tanto, más envasadoras abren sus puertas en el Gran Santo Domingo para sumarse a las 254 plantas de GLP que hace un año tenía registradas el MIC sin que este ministerio se haya pronunciado respecto a las medidas dispuestas en 2016 al calor de las desgracias de Los Ríos y Alma Rosa II.
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