EPO-.Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El movimiento Marcha Verde denunció que los tres últimos Gobiernos que ha tenido el país violaron la Constitución para favorecer los contratos millonarios que obtuvo la constructora brasileña Odebrecht para ejecutar obras estatales a partir de 2002.
El colectivo, que inició en enero pasado su lucha contra la corrupción e impunidad que, asegura, campean en el país, presentó un documento que señala que el Ejecutivo y el Congreso violaron “sistemáticamente” las leyes del Presupuesto General del Estado y de administración financiera, para aprobar y ejecutar las obras de la “multinacional mafiosa”.
“El comportamiento, en la forma y el fondo, en que el Gobierno ejecuta las obras contratadas con la constructora Odebrecht y sus asociados dominicanos es una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos y para ello lo ensucian y corrompen todo”, afirma el movimiento en un documento.
De acuerdo con sus datos, entre 2002 y 2016 el Legislativo aprobó 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución por Odebrecht, por un monto de 3.132 millones de dólares, equivalente al 11,7 % del total de la deuda del sector público no financiero y al 4,4 % del producto interno bruto.
Segun Marcha Verde, a esto se añade la financiación sin la debida aprobación congresual.
También exigió que sean encausados otros funcionarios y exfuncionarios en el caso de los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió que pagó en el país para lograr la adjudicación de contratos públicos entre 2001 y 2014.
En ese orden, criticó que varios de los “principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht” no han sido investigados ni sometidos a la Justicia.
Entre estos mencionó al vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara; a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; a la expresidenta del Senado y actual legisladora, Cristina Lizardo; así como a los exministros de Hacienda Vicente Bengoa y Simón Lizardo, actual administrador del estatal Banco de Reservas.
Por el caso de los sobornos guardan prisión preventiva y arresto domiciliario un grupo de ocho exfuncionarios que desempeñaron sus cargos en los Gobiernos de los exjefes de Estado Hipólito Mejía (2000-2004); Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y el actual gobernante, Danilo Medina, quien completó su primer período en 2016, tras lo cual obtuvo la reelección. EFE
José Rijo Presbot
Los que faltan
La investigación realizada por la Marcha Verde destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la Justicia, por lo que el Ministerio Público tiene pendiente aclarar o resolver omisiones que involucran Vicente Bengoa, Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Rubén Bichara y Lucía Medina.
A continuación una relación de los responsables de contratos que ya han sido encartados en la acusación y los que están pendientes de investigar:
2000-2004 Ing. Roberto Rodríguez, Director Ejecutivo de INAPA, ejecutor del inicio del proyecto de Acueducto de la Línea Noroeste; Ing. César Sánchez, Vicepresidente CDEEE, inició el contrato del proyecto de Pinalito, pero no se comenzó su ejecución; Señor Máximo D’Oleo, Director de EGEHID; Lic. Rafael Porfirio Calderón Martínez, Secretario Técnico de la Presidencia, ostentó la representación para la firma de acuerdo de préstamo.
2004-2012 Ing. Víctor Díaz Rúa, en INAPA y MOPC; Ing. Radhamés Segura, Vicepresidente de CDEEE, responsable en Pinalito y Palomino; Dr. Juan Temístocles Montás, como Secretario Técnico de la Presidencia; Lic. Vicente Bengoa Albizu, como Secretario de Hacienda; Lic. Daniel Toribio, como Secretario de Hacienda; responsables de las firmas de varios contratos de préstamos por designaciones mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández Reyna.
2012-2016 Licenciado Gonzálo Castillo, ministro del MOPC, responsable varias obras viales; Ing. Rubén Bichara, Vicepresidente CDEEE, Punta Catalina; Lic. Simón Lizardo Mézquita, en su calidad de representante en firmas de contratos, como ministro de Hacienda.
Un caso que llama la atención, según Marcha Verde, fue la aprobación de un préstamo por US$80,200,000 dólares, donde interviniera el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, quien suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo Directo – Cofinanciado No. 2111; así como Cristina Lizardo Mézquita, vicepresidenta del Senado en funciones de Presidente, y Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados en funciones de Presidente.
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