En carta enviada al director de este periódico, Persio Maldonado Sánchez, la DGA ofrece detalles pormenorizados que arrojan luz para una mejor cEl hecho no es único y forma parte de las acciones que lleva a cabo la DGA frente al contrabando y los ilícitos, explica Aduanas en el documento enviado a nuestro director bajo la firma de la comunicadora Lisette Selman, asesora de Relaciones Públicas de esa dependencia oficial.
Aclara que en este caso particular la incautación se hizo en la calle María Montez esquina Amiama Gómez, como consta en el acta levantada, y no en el domicilio de Ramírez Martínez como él argumentó.
Aduanas explica que desde hace meses viene ejecutando acciones para romper los eslabones de una cadena que permitía irregularidades en la importación de vehículos que no entran en la Ley que prohíbe traerlos al país después de 5 años de fabricación.
La DGA afirma que como estipula la ley, al propietario del vehículo incautado se le otorgaron 24 horas laborables (tres días hábiles) para que él presentara la documentación que avale la transparencia del origen de la cosa incautada.
“A su petición de ser considerado para pagar los impuestos al momento, la negativa corresponde a que, de hacerse (lo que es imposible), el registro como importación constaría en 2017, siendo el año de fabricación del vehículo el 2009, lo que contravendría la Ley No. 04-07 que prohíbe la importación de vehículos con más de cinco años de fabricación”, precisa el organismo oficial.
Señala que el señor Raudys Ramírez está en su derecho de actuar legalmente en contra de quien le vendió el vehículo por las mismas razones y toda entidad de intermediación, incluida la que financió el automóvil.
“Mientras tanto, con la documentación correspondiente, en este caso se ha iniciado la investigación de lugar y cursa el proceso debido, con la participación de las instancias judiciales que proceden”, concluye el documento de la DGA
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