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EPO.-ESPAÑA --Este viernes, en una sesión accidentada y atípica, el ‘Parlament’ aprobaba la Constitución de la república independiente de Cataluña. Poco después, en las escalinatas del edificio, los diputados independentistas lo celebraban con la euforia y la sensación de solemnidad que corresponde a los momentos históricos.
En esa imagen destacaban dos figuras: la de Carlos Puigdemont (aún presidente de la Generalitat, a punto de ser cesado) y su mano derecha en el ‘procés’, Oriol Junqueras. Era llamativa la diferencia en sus actitudes: mientras Puigdemont se hacía cargo del momento y exhibía una tímida sonrisa de satisfacción, Oriol Junqueras parecía hondamente preocupado, como si sintiera la inminencia de alguna catástrofe. La imagen, en cierta medida, condensaba poéticamente el momento en que se encuentra Cataluña: la frágil satisfacción de los independentistas viene acompañada, desde luego, por la consciencia profunda de una realidad difícil y llena de amenazas.
Durante los últimos meses, no han faltado análisis previos y preguntas abiertas sobre la sostenibilidad económica, social y política de una Cataluña independiente, y la mayoría de ellos auguraba un futuro poco esperanzador para el proyecto secesionista. Hoy, ese futuro lucha obstinadamente por abrirse paso en la realidad, pese a la oposición del Estado español… y a las graves carencias con que nace esta pretendida república independiente de Cataluña. Por ese motivo, es ahora oportuno un repaso analítico de esas carencias:
Legalidad
Este viernes, el presidente español, Mariano Rajoy, salía satisfecho del pleno del Senado en el que se aprobaban las medidas con las que su Ejecutivo ha intervenido la autonomía de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Interpelado en los pasillos por un grupo de periodistas, señaló que la declaración de independencia llevada a cabo horas antes en el Parlamento catalán “no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo”. En efecto, la Fiscalía General del Estado presentará el lunes al Tribunal Supremo una querella contra Carles Puigdemont y el resto de los miembros del ‘Govern’, por el delito de rebelión, para el que el código penal establece penas de prisión de hasta 30 años.
Pero esta declaración unilateral de independencia no es el único punto en el que el ‘procés’ha vulnerado la legalidad española. El propio referéndum a cuyos resultados se remiten los independentistas para justificar la secesión fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que anuló la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre en el Parlamento catalán.
Legitimidad democrática
Precisamente, esos plenos del ‘Parlament’ catalán de los días 6 y 7 de septiembre, en los que se llevó a cabo la votación y posterior aprobación de la mencionada Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica, pusieron en entredicho la legitimidad democrática de todo el proceso independentista. Fueron sesiones en las que se vulneraron varios derechos parlamentarios de los diputados de la oposición y en las que se aprobaron leyes que desafiaban prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional de España.
Por si fuera poco, las condiciones en las que se llevó a cabo el referéndum tampoco ofrecen ninguna garantía democrática. Se partía de una situación de división social tan profunda que la mayoría de los que se oponían a la independencia de Cataluña no estaban dispuestos a participar, precisamente por considerar que el referéndum carecía de legitimidad, que no era vinculante, y que además era ilegal. Por otra parte, la presión policial afectó de forma determinante a la logística de las votaciones, y los instrumentos de control de la participación eran a todas luces insuficientes: se llegó a demostrar que fue posible que la misma persona votase varias veces.
En suma, a día de hoy, pocos tienen dudas acerca de que los exagerados resultados del referéndum –con un 90,2% de votos al ‘sí’– no reflejan la voluntad real del conjunto de los catalanes y, por lo tanto, es evidente que la independencia de Cataluña no está impulsada por una mayoría social suficiente, lo cual pone de manifiesto la debilidad de su esqueleto democrático y también la próxima carencia que vamos a comentar, que es probablemente la más profunda de todas.
Cohesión social
Es cierto que el independentismo es una fuerza política muy importante en Cataluña. Dos millones de personas en una población de algo más de siete millones son una proporción más que considerable, pero para lanzar con unas mínimas garantías de éxito un proyecto independentista que aspire a la creación de un Estado soberano hace falta una mayoría social amplia, con una capacidad de consenso suficiente para permitir una convivencia armoniosa.
Y ese no parece ser el caso de Cataluña, afectada actualmente por una fractura social honda y preocupante. Tal como comentaba para RT la periodista y politóloga Laura Fábregas, “una Cataluña independiente no sería gobernable ahora, porque la mayoría de la población está en contra de este proyecto, es decir: la opción abiertamente independentista no ganó en votos, y llevar a cabo un proceso de este tipo con tanta gente en contra no es fácil”.
Reconocimiento internacional
En la celebración posterior a la proclamación de la independencia, el diputado de Junts Pel Si Lluís Llach colgó una bandera de las Naciones Unidas en la balaustrada de la escalinata del Parlament, a pocos metros de donde Puigdemont y Junqueras darían luego su primer discurso en la recién proclamada república.
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