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Por Orion Mejia
Tocar aun sea con el pétalo de una rosa “la lucha contra la corrupción y la impunidad” constituye un alto riesgo de lesión reputacional para quien incurra en esa temeridad, por lo que adelanto que pretendo cometer ese pecado capital, sino reflexionar sobre el cometido de tan magnificente cruzada cívica.
En una lista numerada del uno al cien donde se incluyan en orden descendente las falencias económicas, jurídicas, políticas y éticas en contra de las cuales se requiera de la más amplia movilización social, no sería objetable que la encabezara la lucha contra el peculado.
El mentado movimiento social debería consultar con los ciudadanos si sería prudente incluir en las movilizaciones, aun sea en lugar subordinado, el reclamo de aumento general de salarios, contra la evasión, elusión fiscal y contrabando, monopolio y oligopolio o quizás también reclamar la firma de los pactos Fiscal y Eléctrico.Se admite que corrupción e impunidad es un flagelo que daña el tejido económico y social, pero debería entenderse que la corrupción también drena al sector privado, especialmente por complicidad con el sector público, por crímenes fiscales, lavado de activos y prácticas desleales, como domping, monopolio y oligopolio.
No parece razonable que la lucha contra la corrupción e impunidad se centre en el pedido de juicio político contra el presidente Danilo Medina, como si con su lapidación, injusta por demás, la nación resolviera todos sus problemas económicos, políticos, sociales e institucionales.
Danilo Medina se erige hoy como uno de los mandatarios más progresistas del continente. Si usted lo duda, revise la lista. República Dominicana encabeza a las economías del continente en sostenibilidad del crecimiento y en redistribución del ingreso.
La lucha contra la corrupción e impunidad es hoy una consigna difusa, promovida en América Latina por la derecha política y grandes intereses corporativos, que en ningún modo procuran el saneamiento de la Administración Publica, sino desplazar a gobiernos progresistas y reinstalar gobiernos neoliberales. Como ejemplos se señalan a Brasil, Argentina, Honduras y Guatemala.
En Brasil, la derecha disfrazo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff bajo la acusación de que dispuso la transferencia de recursos de una cuenta pública a otra, práctica administrativa común que se realiza para mejorar la calificación de los bonos soberanos brasileños.
Inacio Lula Da Silva, en cuyos gobiernos cerca de 40 millones de brasileños fueron rescatados desde la pobreza extrema, fue condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de activos, basado en un apartamento de 200 mil dólares, cuya adquisición, uso o propiedad ha negado.
El presidente Michel Temer, instalado por los golpistas, es quizás el funcionario público con mayor cumulo de acusaciones por corrupción y lavado de activos, pero intereses corporativos impidieron que fuera juzgado y desalojado del poder.
En Honduras, la OEA instalo una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, regenteada por fiscales extranjeros, con la anuencia del presidente Juan Orlando Hernandez, acusado hoy de encabezar un saqueo por 330 millones de dólares contra la Seguridad Social.
En Guatemala también se formó una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero resulta que esa intervención jurídica y política solo ha servido para que la derecha se alce con el Poder y se adueñe de todos los mecanismos de la corrupción.
A riesgo de ser lapidado por los nuevos inquisidores de izquierda y sus padrinos extranjeros, me permito advertir que detrás de la consigna contra la corrupción e impunidad, se esconde la derecha más recalcitrante con voraz apetito e intención de alzarse con el santo y la limosna.
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Saludos a todos