NICARAGUA.-El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha comparecido públicamente tres días después de que iniciaran las protestas que han sumido a su país en un caos y que han provocado, según reconoció la propia vicepresidenta, Rocío Murillo, "casi diez muertos" hasta el viernes y centenares de heridos. Ortega ha dado su brazo a torcer y ha mostrado su disposición a abrir una mesa de diálogo con los empresarios del país para aprobar incluso un nuevo Decreto del Seguro Social, para acabar con el "terror" que, según ha denunciado, están generando en las calles quienes buscan la "inestabilidad" para "tomar el poder a costa de lo que sea".
Acompañado de su esposa y también vicepresidenta, así como de la cúpula militar y policial, Ortega ha querido tranquilizar a la población y ha invitado al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a negociar un nuevo Decreto que sustituya al aprobado el pasado lunes por el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) que supone un incremento de los impuestos, lo que ha provocado protestas en todo el país que han sido reprimidas con violencia por parte de la policía.
"En esta mesa se podrán ver los ajustes al Decreto o si hay que hacer uno nuevo", ha insistido Ortega, quien ha hecho un llamado al pueblo de Nicaragua, sobre todo, a la juventud a "cuidar esta paz que tanto nos ha constado conquistar". El líder sandinista ha aprovechado su discurso para arremeter contra el dinero que llega a EEUU destinado, en teoría para proyectos, pero que, a su juicio, parte del mismo va dirigido a la "conspiración" de ciertos grupos de oposición que ejercen una "práctica política destructiva". "Esa conspiración ha estado ahí, incluso organizando redes para presentar como patriotas a delincuentes con armas de guerra que en la zona fronteriza de nuestro país se han dedicado al cultivo y tráfico de drogas", ha criticado.
El mandatario nicaragüense ha dicho que lo que está ocurriendo en su país "no tiene nombre" y ha achacado las protestas a "una buena manipulación de las redes, que le toca el sentimiento a los muchachos estudiantes quienes piensan que se está haciendo mal con esta ley". Sin embargo, ha reprobado que quienes organizan las protestas han incorporado a "delincuentes" que son "miembros de pandillas" y que son los que, en su opinión, están "criminalizando" las manifestaciones y "poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta".
Así, Ortega ha indicado que no se trata de una "protesta cívica", tal como "la vemos en muchas partes del mundo todos los días, como en España donde salieron centenares de miles de jubilados a las calles, pero no destruyeron nada". De este modo, ha lamentado que quienes están dirigiendo estos "planes criminales quieren destruir la buena imagen de Nicaragua que tanto nos ha costado construir en estos 11 años creando una imagen de guerra y terror, tal como están pasando las agencias de televisión internacionales".
Finalmente, ha defendido que la aplicación de la subida de impuestos será de manera "gradual" y ha recordado que en países ricos también se han tenido que aplicar medidas similares, incluso "más fuertes", como el aumento de los 60 a los 65 años en la edad de jubilación, teniendo en cuenta que "no dan las cuentas" para pagar las pensiones tras aumentar la esperanza de vida.
Ortega, líder absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que fue reelegido en las elecciones del pasado 6 de noviembre de 2016 por tercera vez consecutiva como máximo mandatario del país centroamericano, estaba acostumbrado a imponer sus decisiones desde el 2007 sin apenas oposición en las calles llegando incluso a eliminar del Congreso al único grupo de oposición elegido en los comicios de 2011, el Partido Liberal Independiente.
Esta vez fue diferente, tras tocar el bolsillo de los 6 millones de habitantes con un decreto presidencial, mediante el cual a partir del 1 de julio, los trabajadores tendrán que aportar al INSS un pago del 7%, en lugar del 6,25% actual, al tiempo que las empresas deberán incrementar su aporte del 19 al 21%, hasta alcanzar una cuota del 22,5% en el 2020. Sin embargo, lo que ha causado más indignación ha sido la obligación que tendrán a partir de la citada fecha los 200.000 jubilados de Nicaragua de aportar un 5 por ciento de su pensión, para que el INSS cubra el pago de las enfermedades y de maternidad.
Daniel Ortega no se esperaba esta firme oposición a las reformas al Seguro Social, que le han llevado incluso a sacar el Ejército a las calles de Managua y Estelí para tratar de resguardar instalaciones públicas ante una situación de protestas que se ha extendido por todo el país, tras iniciarse el miércoles en Managua y León. La última vez que la población salió a las calles de forma masiva fue en 2015, cuando las organizaciones campesinas convocaron manifestaciones contra el megaproyecto de una firma china para la construcción de un canal interoceánico a través del Lago Nicaragua, con una inversión de 50.000 millones de dólares. Esta infraestructura, que según defendió Ortega, duplicará el Producto Interior Bruto, obligaría a la reubicación de 27.000 personas.
En esta ocasión, la situación se le fue de las manos, ya que incluso las patronales empresariales no han visto con buenos ojos las reformas impuestas por él y han convocado una marcha nacional para el próximo lunes, con el fin de manifestarse "de forma pacífica" en contra de las reformas que también les afecta y que, según advierten, repercutirán negativamente en la creación de empleos y en el crecimiento económico. Así, señalan que estas medidas supondrán que dejen de circular en la economía unos 200 millones de dólares, lo que representa el 1,5 por ciento del PIB.
"No son propuestas concluidas"
Ello ha obligado a Daniel Ortega a recular para lograr una salida pacífica al conflicto y acabar así con las protestas en las calles. Respecto a las reformas aprobadas al Seguro Social de manera unilateral, la vicepresidenta Rosario Murillo precisó que "no son propuestas concluidas", sino que se trata de "una resolución de la directiva del INSS que se puede seguir trabajando", tal como ha ratificado el propio Presidente en su comparecencia pública.
Ello contrasta con el hecho de que las modificaciones anunciadas el lunes, dirigidas en teoría a poner fin al déficit millonario de 78 millones de euros que sufrirá el INSS en 2019, ya fueron publicadas el miércoles en La Gaceta, que es el diario oficial de Nicaragua, en una resolución firmada por el propio Daniel Ortega. La patronal nicaragüense ha anunciado su intención de recurrir a la vía legal para obligar al Gobierno a echar marcha atrás estas reformas.
La violencia en las calles ha llevado incluso a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU a hacer un llamamiento a las autoridades de Nicaragua para "evitar" nuevos ataques a los manifestantes, al tiempo que pidió que se respete la libertad de expresión, después de que el Gobierno decidiera sacar de la televisión por cable a cuatro canales televisivos que estaban cubriendo las protestas, incluyendo el Canal 51, que pertenece a la Conferencia Episcopal de este país. Precisamente, la Catedral de Managua estuvo abierta este viernes para acoger a los manifestantes y el obispo auxiliar, Silvio Báez, recurrió a su cuenta de twitter para pedir al Gobierno que deje de "usar grupos violentos contra la población que tiene derecho a la protesta justa".
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