El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, asegura tener los elementos de prueba para demostrar que la acusación del Ministerio Público en el caso Odebrecht, “está llena de errores, imprecisiones, incoherencias, falsedades y sesgos”.
En el expediente reposa, además, una certificación del Antigua Overseas Bank (AOB) en la que establece que no existen registros de relación comercial, cuenta, a nombre de Díaz Rúa entre los años 2009 y 2016.
Con ese documento, el imputado y sus abogados aseguran que se desmiente las declaraciones de Hilberto Mascarenhas Alvares Da Silva, exencargado de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que afirmó, según la Procuraduría, que Víctor Díaz Rúa recibió cuatro millones de dólares en el AOB.
“Hemos examinado los registros bancarios de antigua Overseas Bank Limited y hemos notado que para el período que cubre 2009-20016 nuestros registros revelan que no nos hemos relacionado con Víctor José Díaz Rúa”, dice el comunicado firmado por Cleveland Seaforth.
Entre los elementos de prueba que aporta al juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, figuran dos memorandos de entendimiento entre la Constructora Norberto Odebrecht y las empresas Hormigones Moya y Moya Supervisiones y Construcciones firmados en los años 2006 y 2007 para la terminación de la Autovía El Coral, períodos en los que aún no había sido designado como titular de Obras Públicas.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Diario Libre, Moya no fue separada de la obra, sino que formó un consorcio con Odebrecht para concluir el proyecto por 272 millones de dólares. Se hicieron cinco adendas al monto inicial del contrato, cuatro de las cuales fueron firmadas por Díaz Rúa y uno por el actual ministro Gonzalo Castillo, los cuales permitieron que su costo final fuera de 674 millones dólares.
La Procuraduría General de la República comenzará hoy a leer la acusación, por los 92 millones en soborno pagados por Odebrecht, en la que afirman que la multinacional junto a Díaz Rúa y el abogado Conrado Enríquez Pittaluga Arzeno, agotaron todos los artificios legales para que le fuera cedida a la multinacional el contrato para la Autopista del Coral a cambio de un contrato de representación legal por 1.25% del valor del proyecto.
De acuerdo con el calendario hecho por el juez Ortega Polanco, los fiscales tendrán cinco días para decir de qué y por qué acusan al empresario Ángel Rondón Rijo, así como a Víctor Díaz, los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús –Chú– Vásquez Martínez, el abogado Pittaluga Arzeno, al senador Tommy Galán Grullón y al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez.
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