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Por Alicia Ortega.-En un año preelectoral en que la maquinaria para los comicios del 2020 debe marchar sobre ruedas, sin traumas, confusiones o sobresaltos, el panorama luce en este momento enmarañado y lloviendo sobre mojado en temas que se creía debidamente definidos y consensuados.
Después de una ley electoral con un texto tan zarandeado y que fue aprobada tras un prolongado proceso, ahora se ha venido a descubrir que tiene contradicciones con respecto al llamado sistema de arrastre en el sistema de elección de diputados y senadores.
Por un lado, en uno de sus acápites es preciso en cuanto a consagrar el arrastre, un mecanismo de elección popular que ha sido objeto en el pasado reciente de muchos cuestionamientos y también de encendidas defensas.
Sin embargo, en otro de sus puntos la referida legislación, legisladores y dirigentes políticos advierten, quizás de forma un tanto interpretativa, que al mismo tiempo se deja en libertad a los electores de decidir con libertad su voto a favor de diputados y senadores de diferentes partidos.
De aceptarse este último argumento, la Junta Central Electoral tendría que disponer boletas diferentes para esos cargos congresuales y esto ha desatado todo un avispero entre representantes de la oposición y el PLD, en cuyo seno también hay posiciones encontradas.
El tema ha vuelto sobre el tapete y en las últimas semanas ha concitado la atención de la clase partidaria, de la Junta Central Electoral y también de los medios de comunicación.
El replanteamiento de esta vieja discusión que se considerada ya agotada u olvidada, surgió a raíz de que la cuestión comenzara a debatirse en el c y ya ha alcanzado tal grado que la Junta ha convocado un pleno para conocer el caso el 4 de abril.
¿Qué pasará ese día, el órgano electoral les señalará a los partidos que se ceñirá al actual texto de la Ley o acogerá la propuesta de que someta un cambio o peor aún, que la reafirmará en cuanto al sistema de arrastre sin disipar la actual confusión?
Por encima de la discusión en sí, lo preocupante es que a estas alturas estemos tan dispersos y confusos en cuanto a aspectos esenciales de la ley marco que está llamada a regir, junto a la Ley de Partidos, el próximo proceso electoral.
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