El reclamo se basó en la expropiación de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C. A., que operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela.
Las instalaciones de estas compañías fueron ocupadas en el año 2010 y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), bajo las órdenes del fallecido presidente Hugo Chávez.
El tribunal arbitral concluyó que la “justificación” para la intervención de las compañías por parte del Estado fue apropiarse de los activos de las compañías sin pagar por ellas.
El tribunal arbitral consideró que las medidas habían implicado una expropiación ilegal y una violación a la obligación de trato justo y equitativo que tenía Venezuela bajo el Tratado Venezuela-España.
Con información de Diario de Las Américas
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