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SANTO DOMINGO.-El país parece retroceder, a los tiempos de los doce años de Joaquín Balaguer, donde la Constitución era considerada como un “pedacito de papel”, las leyes eran violadas y las sentencias de los tribunales, desacatadas.
Se vivía una especia de dictadura, donde Balaguer actuaba como un chivo sin ley y la inseguridad era insoportable.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaron el abuso que comete la dirección del INVI contra el veterano periodista Rafael Polanco y su familia, desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional (TC-0428-18), que ordenó hace un año entregarle un apartamento de su propiedad, en el sector en Invivienda Santo Domingo.
La sentencia establece un astreinte de RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) por cada día transcurrido hasta su entrega, monto que acumulado más de un millón y 600 mil pesos.
La dirección del INVI parece no importarle la sentencia emitida por el TC, cuyas decisiones son inapelables y de cumplimiento inmediato.
Los abogados de Polanco, encabezados por William Amparo, iniciaron el proceso para su liquidación.
Los principales líderes de los periodistas dominicanos, Mercedes Castillo, presidenta del CDP, y José Beato, secretario general del SNTP, llamaron al director del INVI, Mayobanex Escoto, a que proceda de inmediato al entregar del apartamento al veterano periodista, quien lleva casi 20 años esperando su entrega.
Se lo cogió uno del INVI
A pesar de que Polanco y su familia tienen el título de propiedad del apartamento 1-D, ubicado en la manzana 4698, del residencial Invivienda Santo Domingo, el mismo fue sustraído hace 19 años por José Rivas García, quien en esa oportunidad se desempeñaba como encargado de proyectos sociales del INVI.
En varias ocasiones, se dijo que una comisión del CDP y del SNTP, integrada por Aurelio Henríquez y José Beato, en compañía de Polanco y sus abogados, se han reunido con funcionarios del INVI, quienes se muestran dispuestos a cumplir la sentencia.
Empero, no concretizado la acción, desacatando la sentencia del Tribunal Constitucional.
Lo ocupa un militar
El CDP y el SNTP informaron que el lunes 28 de octubre, el subdirector del INVI, Mario Jacobs, y el consultor jurídico, Bernardo Jiménez, se desplazaron a Invivienda a entregar el apartamento a sus legítimos dueños, pero el mismo está siendo ocupado por un oficial de la Armada Dominicana, que reside en calidad de inquilino.
Consideraron insólito que funcionarios del INVI acudan a entregar una propiedad, sin previamente cerciorarse de que la misma esté desocupada.
Dijeron que esto pone en evidencia el desorden con el que opera el INVI.
Promesa incumplida
De acuerdo con las informaciones del CDP y el SNTP, los funcionarios de INVI, Jacobs y Jiménez, se comprometieron a citar a esa institución, tanto al intruso que en franca prevaricación se apropió del inmueble, aprovechando su condición de funcionario de la institución, como al oficial de la Armada, que lo ocupa en calidad de inquilino, pero un mes después, ese organismo sigue desacatando la sentencia del TC.
El INVI se burla del TC
La sentencia, que ordena entregar del inmueble a Polanco y sus familiares, fue emitida en septiembre de 2018 y publicada por la Secretaría del TC, en la web de la alta corte mediante Comunicado 36-18, del 14 de ese mismo mes.
El fallo fue publicado de forma íntegra el 12 de noviembre y notificado al INVI el 5 de diciembre, advirtiendo que no debía exceder de 90 días para la entrega, pero el organismo se ha burlado del mandato del TC, pues ha transcurrido un año sin que la haya acatado.
Tiene título desde el 86
La vivienda le fue asignada a Polanco y su familia, en abril de 1983, a través del entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) y en julio de 1986, recibieron el título de propiedad del inmueble.
El edificio donde se encuentra el apartamento de Polanco fue concluido en julio de 2000 y Rivas García, prevaleciendo de su condición de funcionario público, se apropió del inmueble que permaneció desocupado por largos años y que extrañamente ahora, tras la sentencia del TC, es ocupado por un oficial de las Fuerzas Armadas.
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