El designado juez constitucional considera que al Ejecutivo le resultaría bastante fácil que los legisladores determinen el tipo de sanción a los infractores para que no quede a discreción de la Procuraduría General de la República establecerlas por resolución.
Dijo que se pueden establecer las sanciones en una legislación transitoria dándoles a los juzgados de paz la facultad de fijar las multas.
Indicó que se preocupó cuando se anunció que las violaciones serían llevadas a los juzgados de paz, ya que esos casos terminarían en la Oficina de Atención Permanente, donde el juez se vería obligado a despachar a los infractores.
Dijo que ante esa eventualidad se podría alegar que la justicia deja en libertad a las personas detenidas para que aumenten los contagios.
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