SANTO DOMINGO-.La primera decisión de la Junta Central Electoral (JCE) en el arbitraje con los partidos políticos fue cuestionada por violar el procedimiento, afectar 23 de los 27 partidos que tiene el sistema y por el propio organismo cambiar la categoría jurídica a la norma que establece el criterio para la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos.
La decisión del organismo tampoco logró la unanimidad, pues la miembro titular, Dolores Fernández, emitió un voto disidente e hizo una propuesta de aplicación del artículo 61 de la ley 33/18 que beneficia a cuatro partidos del 80 % de los fondos; siete con el 12 % y 15 con el 8%. Lo aprobado por el Pleno de la JCE solo beneficia a dos partidos con el 80 %, 5 con el 12 % y los 20 restantes el 8 %.
Con esos cuestionamientos arrancó la nueva JCE, a pesar de que los nuevos miembros lograron altos niveles de apoyo de diversos sectores sociales y los partidos políticos, con la excepción del PLD, que previo a su elección emitió fuertes cuestionamientos al presidente del órgano, Román Jáquez.
Luego de la decisión, entre las organizaciones, la JCE ha recibido respaldo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Dominicanos por el Cambio (DXC), el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros cinco se han quedado al margen, mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) y otras 19 organizaciones han rechazado la decisión y sometieron un recurso que busca anularlo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Participación Ciudadana dijo que la JCE hizo una correcta aplicación de la ley, mientras que especialistas en temas electorales, como Eddy Olivares, afirma que el criterio de interpretación de los porcentajes que establece la ley depende de la consideración de los miembros de la JCE y que históricamente el órgano ha adoptado varios criterios.
¿Reglamento o resolución?
Desde que el Estado aprobó la asignación de fondos a los partidos, la JCE ha aprobado como instrumento jurídico para distribuir los recursos el “Reglamento sobre la distribución de la Contribución económica del Estado a los partidos políticos” y en ese mismo reglamento se incluyen las partidas a cada organización política.
El 27 de enero de este año, la JCE aprobó la misma figura jurídica, pero en un recurso de reconsideración que sometieron 20 organizaciones se cuestionó el hecho de que la JCE no sometió a discusión de los partidos su propuesta de reglamento antes de aprobarla y que por tanto, habría violado la Ley de Procedimiento Administrativo 107/13.
Al responder el cuestionamiento de los partidos políticos, la JCE ratificó su criterio de aplicación del artículo 61 de la Ley 33/18, pero mediante la resolución 01/21 y no en un reglamento como había aprobado originalmente. La resolución es de 43 páginas y la JCE explica por qué la categorización jurídica es de resolución y no reglamento y que por eso no lo sometió a consulta de los partidos políticos antes de ser aprobada por el Pleno.
¿Qué opinan politólogos sobre la imagen JCE luego de la decisión?
Los politólogos David la Hoz y Engels Villanueva, catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, coinciden en que la capacidad de arbitraje de la JCE ha quedado cuestionada.
Villanueva sostuvo que la decisión de la JCE incentiva que sean los órganos jurisdiccionales los que asuman el protagonismo y la relevancia sobre los efectos políticos que generen sus decisiones.
Agregó que no sería “tajante afirmar que la JCE pierde totalmente la credibilidad ante los partidos afectados”, sobre todo porque “llama mucho la atención que la JCE haya variado un criterio constante en la distribución de los fondos en el sentido de favorecer el sistema”.
Sostuvo que es importante observar a quien afecta y perjudica la decisión, que de entrada deja mucho margen para la interpretación y en consecuencia para la impronta política de la institución porque la norma electoral no concibe una fórmula explícita para la distribución de los fondos. “La JCE tuvo la oportunidad de haber legitimado más su decisión ante los partidos afectados y dejar clara su perspectiva amplia democrática y participativa. Hubiese preferido que al menos la JCE agotara el procedimiento consultivo en el marco de la ley 407-13 porque incluso hubiese evitado posiciones en las que se ve como avasallante en una decisión que afectó a tantos partidos políticos”, consideró.
Para la Hoz, la JCE arrancó muy mal y dando señales de que es más de lo mismo. “Muy mal, ya comenzó mal, porque ese es un tema que se discute desde el año 2000 y se espera un mayor criterio de igualdad y la JCE se lo entregó a dos partidos. Es más de lo mismo y decepcionante porque se esperaban medidas para garantizar la democracia e igualdad de participación”, subrayó el catedrático.
¿Mil 260 millones o 630 millones en presupuesto?
El presidente de la JCE envió una comunicación a la dirección de Presupuesto en la que afirma que el monto que corresponde a los partidos es de mil 260 millones y que deben ser entregados en su totalidad para honrar la ley. Sin embargo, el director de Presupuesto, José Rijo, afirma que no son mil 260 millones de pesos, lo probado a los partidos políticos, sino el 50 % del referido monto. El tema sigue y se ha convertido en un debate que parece no tener fin, a pesar de que el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el gobierno desistirá de ese propósito. En todo caso, la JCE quedará mal parada, si finalmente la asignación de los mil 260 millones se completara con la aprobación del presupuesto complementario como han sostenido algunos. Además de Román Jáquez, el Pleno de la JCE lo componen Patricia Lorenzo, Samir Chami Isa, Rafael Vallejo Santelises y Dolores Altagracia Fernández.
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