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SANTO DOMINGO-.Luego de las comprometedoras declaraciones reveladas en audiencia por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó este viernes ante el tribunal que le favorezca a ese acusado con un arresto domiciliario en vez de la prisión preventiva.
La petición la hizo la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, tras argumentar que el Ministerio Público cuenta con todas las evidencias de las confesiones realizadas durante el conocimiento de la medida de coerción del Caso Coral.
Pidió que el domiciliario donde sea arrestado Raúl Alejandro Girón Jiménez, sea considerado clasificado o confidencial, dado el peligro a su integridad, luego de haber expuesto ante el tribunal, en forma amplia y detallada, cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.
La noche del pasado jueves, el imputado Girón Jiménez hizo uso de su derecho a declarar, durante la audiencia que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que expuso cómo operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
Reveló las acciones ejecutadas de manera particular por cada uno de los imputados y las maniobras utilizadas para desfalcar al Estado con el manejo fraudulento de las nóminas de entidades castrenses.
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El imputado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
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