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Brasilia, 6 jul (Prensa Latina) La comisión del Senado que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia en Brasil (CPI) escuchará hoy a Regina Celia, funcionaria del Ministerio de Salud responsable de autorizar la importación de Covaxin, vacuna india antiCovid-19.
Él y su hermano, el diputado federal Luis Miranda, denunciaron presiones internas en el ministerio para liberar la adquisición de Covaxin, aún con errores verificados en la orden de pago.
Según los hermanos, Célia fue la fiscal del contrato con Bharat Biotech, empresa india que desarrolló el fármaco.
La factura generada por la compra traía menos dosis de las acordadas, la determinación del pago anticipado y el nombre de una empresa intermediaria que no estaba en el contrato, revelaron los hermanos.
De acuerdo con Ricardo Miranda, las dos primeras irregularidades fueron subsanadas tras ser identificadas, pero la factura siguió a nombre de la compañía intermediaria Madison Biotech, con sede en Singapur.
El legislador informó por su parte que llevó el caso al presidente Jair Bolsonaro, quien mostró conocimiento de la presión a favor de Covaxin y nombró como responsable a Ricardo Barros, líder del gobierno en la Cámara de Diputados.
Barros era ministro de Salud cuando Célia fue nombrada, en 2018, para un puesto en la Secretaría de Vigilancia Sanitaria, en el que está actualmente.
Las solicitudes de convocatoria de la funcionaria fueron presentadas por los senadores Humberto Costa y Alessandro Vieira.
Para Costa, escuchar a Célia será ‘fundamental para aclarar las sospechas de corrupción’ en torno al contrato de Covaxin.
En la jornada, la junta debe votar además una serie de solicitudes en las que se pide la violación del secreto bancario, de los impuestos y de los registros telefónicos de personas escuchadas u observadas por la comisión.
Uno de ellos es Barros, por las menciones a su nombre en el caso Covaxin, y el diputado Miranda.
Asimismo, aparece el empresario y policía Luiz Paulo Domiguetti, quien se presentó como intermediario en la venta de vacunas y denunció peticiones de sobornos en el Ministerio de Sanidad.
La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante el virus que hasta la fecha cobró 525 mil 112 vidas y 18 millones 792 mil 511 infectados.
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