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El presidente de la entidad, Julio César De la Rosa Tiburcio, al realizar el depósito de la documentación donde demuestra que la responsabilidad atribuida por el Ministerio Público al exprocurador y sus colaboradores en lo referente a las irregularidades en la construcción del centro penitenciario bautizado como La Nueva Victoria, es extensiva a cada una de las empresas contratadas a esos fines.
Además, por vía de consecuencias, sus representantes legales que firmaron los contratos para la ejecución de la obra, deben ser sometidos ante la jurisdicción penal, por ser cómplices de todo lo denunciado, tanto por expertos penitenciarios, como por los propios representantes de la Procuraduría, al momento de solicitar medidas de coerción contra los encartados de la Operación Medusa.
La vinculación de los denunciados por las irregularidades, se establece en las actas de adjudicación NO. 138-2018 a la empresa STRUKTURAT LTD, por un monto total de RD$1,099,467,813.63 para el movimiento de tierra, en donde no se ha podido establecer la materialización del mismo, por las condiciones cenagoso del terreno donde se levantaron las edificaciones, expresiones vertidas por la directora de persecución del Ministerio Público, al señalar que tendrían que desmoler la estructura levantada.
“Los escandalosos hechos que estremecieron la atención de la opinión pública de toda la República Dominicana, cuando al exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, le fueron impuesto dieciocho (18) meses de prisión preventiva, acusado de ser el cabecilla de una red que malversó al menos Seis Mil Millones de pesos dominicanos (RD$6,000,000.00), junto a otros de sus ex colaboradores, acusados del ilícito corrupción administrativa, como consecuencia de la contratación pública, en nombre de la Procuraduría General de la República, al suscribir varios contratos con el objeto de adquirir los servicios de varias empresas, con sus representantes, llamados contratistas, a los fines de realizar la construcción de la nueva Victoria, los firmantes de los contratos, debieron ser incluido en la solicitud de medida de coerción”.
"Tal y como se ha determinado en la investigación el incumplimiento grosero o la inobservancia de la Constitución de la República por parte del exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión preventiva, nos manda como Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), a solicitar se realice una investigación también, desde la perspectiva jurídico penal, a los fines de determinar si en el presente caso estamos en presencia de una negligencia administrativa producto de la ignorancia o el error de los servidores públicos que actuaron en el referido proceso de contratación", dijo el vocero del organismo.
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