La institución informó en un comunicado de prensa que la comisión de estos delitos violenta el artículo 147 del Código Penal Dominicano, el cual dispone que la falsedad de escritura pública sea castigada con tres a 10 años de prisión.
Asimismo, el artículo 29 del reglamento 543-12 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas establece que la presentación de documentación falsa o alterada es causa de inhabilitación permanente en el RPE, además de las consecuencias de tipo penal.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que este tipo de acciones fraudulentas repercute de manera negativa en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y advirtió que el Departamento de Gestión de Proveedores de esta Dirección General continuará haciendo la debida diligencia para detectar este tipo de anomalías.
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