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La CIDH llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.
De inmediato, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) calificó la declaración de la CIDH de “injusta e inoportuna” y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.
Mirex estableció que se trata de una “presión masiva y excepcional” a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de ellos en Haití. “El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”, agregó.La Cancillería detalló que el 12.5 % (14,693) de los partos en 2018 en la red pública fue de madres haitianas. Dijo que esta proporción aumentó a un 23 % (27,984) en 2019, a 27.2 % (30,322) en 2020 y a 30 % (24,376) en los primeros nueve meses de 2021.
Desde septiembre de este año el Gobierno domicano adoptó medidas drásticas tendentes a limitar la inmigración desde Haití, ante la crisis de inseguridad que se vive en ese país. Una de las decisiones es evitar el ingreso de extranjeras embarazadas de seis o más meses. También limitar, solo a casos de emergencia, el acceso a los hospitales públicos a los inmigrantes indocumentados.
El país lamentó la precaria gobernabilidad y violencia extrema en Haití que motiva a sus ciudadanos a buscar servicios básicos en otro país: “Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional”.
Indicó que el gran flujo de migrantes en América requiere de soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales, y aseguró que las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia al mundo.
“No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos”, consideró.
El caso que más llamó la atención de las repatriaciones de migrantes embarazadas fue el caso de Natali Volibal. El Gobierno dominicano afirmó que “no existe evidencia” de que la migrante fue deportada después de dar a luz y separada de su bebé. Aseguró que los protocolos de la Dirección General de Migración (DGM) garantizan la seguridad y salud de los migrantes vulnerables.
La DGM cuenta con una ambulancia las 24 horas para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario y que se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos, explicó el Mirex. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, aseguró y aseguró que las repatriaciones solo ocurren cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura.
El Gobierno dominicano rechazó “la irresponsable pretensión” de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los dominicanos. “Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”, reiteró.
La CIDH expresó su “preocupación” por las denuncias de expulsiones de las migrantes embarazadas y urgió al Estado a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.
Dijo que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, incluida la salud sexual y reproductiva. Por tanto, indicó que los Estados “no deben impedir” el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad.
La Comisión también destacó que los migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica, por lo que no se puede intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras con las autoridades migratorias, “así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías”.
Partidos políticos externaron ayer su apoyo al gobierno dominicano por la posición que asumió ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana.
Es el caso de Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien se sumó al rechazo elevado por el Gobierno dominicano a través de la Cancillería.
“La OEA como organismo internacional se ha descalificado en el tema haitiano, al sacarlo prácticamente de su agenda y al lavarse las manos y responder con indiferencia el clamor de ese pueblo por auxilio de la comunidad internacional”
Recalcó que el país no puede cargar solo con los problemas de Haití, pues los sistemas sanitarios y de educación dominicanos no están en capacidad de asumir dos naciones.
El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) Elías Wessin Chavez, consideró que se trata de una interferencia grosera de ese organismo en contra de la República Dominicana, que tiene todo el derecho de expatriar o deportar a cualquier nacional ilegal, aun las haitianas en estado de gestación.
“¡El Estado dominicano no debe renunciar a ese derecho jamás! Por tanto, nos solidarizamos con la posición externada por el Gobierno a través de la Cancillería”, enfatizó.
Sostuvo que las declaraciones de la CIDH no son vinculantes, ni tampoco cualquier decisión a tomar “y que choque con la suprema jerarquía de nuestra Constitución, que establece los fundamentos de la República Dominicana como estado, nación independiente y soberana”.
Leonardo Suero, del Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), aseguró que como nación libre y soberana las autoridades tienen el derecho como cualquier otra potencia de poder, de trazar su política migratoria.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la posición asumida por el Gobierno dominicano, el Partido Unión Demócrata Cristiana apoya cien por ciento las acciones del Estado dominicano encabezado por Luis Abinader”, dice.
Suero condenó lo que llamó una persecución de la CIDH en contra de la República Dominicana; “los ayudamos, pero no podemos cargar con ellos”.
El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo Suero, tiene una posición diferente al Gobierno, por considerar que el derecho a la salud es universal.
“Después de que una ciudadana no importa de dónde sea está en un centro de salud, constituye un acto inhumano sacarla por el hecho de entrar al país de manera irregular”, destacó.
Lorenzo Suero demandó de la comunidad internacional cumplir con la construcción de varios hospitales que se comprometieron a levantar para asistir a las parturientas haitianas, hace varios años.
Criticó que en una frontera tan vigilada, entren cada vez más personas de forma irregular.
Los Estados americanos deben garantizar los derechos humanos de las personas haitianas migrantes a la luz de las “obligaciones” internacionales en materia de asistencia humanitaria, protección, cooperación y solidaridad internacional, afirmó la CIDH en una resolución.
La Comisión destacó que los mecanismos que se apliquen deben partir del principio de igualdad y no discriminación para el disfrute de sus derechos y libertades, que no sean violadas solo por el hecho de estar en contexto de movilidad humanan.
Recomendó a los Estados garantizar el acceso a sus territorios a los solicitantes de asilos, a los refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas niños no acompañados o separados de sus familias, entre otras.
“Los Estados deben considerar la implementación de medidas como la flexibilización de visas, requisitos migratorios y documentación necesaria exigida para su trámite. Asimismo, deben tener en cuenta los estándares sobre no rechazo en frontera, la prohibición de expulsiones colectivas, la no sanción por ingreso o permanencia irregular, y la no detención migratoria”, detalló.
Además, establecer mecanismos de cooperación que tomen en cuenta las dificultades de los migrantes haitianos para la obtención de documentos, certificados y declaraciones en el país de origen, para prevenir y abordar la situación de riesgo de apatridia y para garantizar el pleno acceso y goce efectivo de los derechos humanos.
Para evitar este riesgo los Estados, agregó, deben registrar los nacimientos ocurridos en sus territorios y expedir documentación que acredite la identidad del bebé, con independencia de la condición migratoria de sus padres haitianos en ese país.
La Comisión afirmó que, si el niño naciera y fuera apátrida, “tiene derecho” a la nacionalidad del Estado en el que nació.
Desde hace una década la migración haitiana está recorriendo el continente, lo cual se hizo más visible en septiembre pasado cuando miles de migrantes, la mayoría haitianos, llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México. La migración desde Haití, de acuerdo con la OIM, es impulsada por la inestabilidad política, la inseguridad, la pobreza y los riesgos de epidemias. Estas dos últimas suben cuando el país es golpeado por desastres naturales. La OIM registró 12,015 haitianos repatriados entre el 19 de septiembre hasta el 26 de noviembre desde Estados Unidos, México, Cuba, Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. La mayoría (8,898) regresó desde Estados Unidos y antes residían en países como Chile o Brasil.
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 168-13 con la cual dio una nueva interpretación para la adquisición de la nacionalidad de las personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito. Con esta interpretación, personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana, perdieron este estatus.
Ante esta medida, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó que la sentencia afectaba “desproporcionadamente” a personas “ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza.”
Para noviembre de 2013, como parte de lo ordenado por la sentencia TC/0168/13, el Poder Ejecutivo promulgó mediante el decreto 327-13 el plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular.
El 04 de noviembre del año 2014 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0256/14, mediante la cual declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, depositado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.
La sentencia detalla que ninguna institución, persona o grupo de personas o autoridades, puede obligar al Estado dominicano internacionalmente si no están autorizado para ello por el Derecho Interno.
Por ello, la CIDH manifestó que referida sentencia no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos.
La República Dominicana consideró que el Estado tiene la capacidad de asumir compromisos internacionales, lo cual lo hace responsable frente a otros sujetos del derecho internacional, siempre y cuando dichos compromisos se hagan de la manera establecida por las leyes internas; y que “ningún acuerdo o compromiso internacional, pueden vulnerar derechos esenciales de la Constitución dominicana”.
Para abril 2017, la CIDH colocó a la República Dominicana, junto a Venezuela y Cuba entre, los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial”. La inclusión de la República Dominicana en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es por la discriminación que, según afirmó, viven los haitianos en territorio nacional.
En el 2018 la CIDH sacó a la República Dominicana de la lista y se incluyó entonces en un nuevo documento que desglosa el seguimiento a las recomendaciones que fueron formuladas en informes anteriores.
En 2019 la CIDH dijo que República Dominicana presenta desafíos pendientes como la adquisición de nacionalidad, migración y discriminación.
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