La dura respuesta a las aseveraciones de los senadores demócratas Edward J. Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts; Bernard Sanders, de Vermont; Raphael Warnock, de Georgia; John Hickenlooper, de Colorado; y Chris Van Hollen, de Maryland, consta en una carta que les envía la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, y a la que tuvo acceso este diario. Los legisladores involucraron a la República Dominicana en el tráfico de armas en una comunicación al presidente Joe Biden, del 19 de diciembre último, en la que indagan sobre la posición de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones a la crisis política, social y humanitaria en la República de Haití.
"Para la República Dominicana, la lucha contra el tráfico de armas es un compromiso de Estado, en virtud de que este flagelo contribuye a generar condiciones de violencia e inestabilidad que socavan la paz, el desarrollo económico y la convivencia armoniosa de cualquier nación", les señala la embajadora a los senadores, casi todos del ala izquierdista del Partido Demócrata. Y agrega: "Durante la administración del presidente Luis Abinader, mediante decretos, leyes y regulaciones, el Gobierno dominicano ha fortalecido sus instituciones y propiciado la creación de capacidades para el combate al tráfico ilícito de todo tipo".
En el punto cuatro de la correspondencia de Markey, Warren, Sanders, Warnock, Hickenlooper y Van Hollen al presidente Biden, se le preguntaba sobre los pasos adicionales del gobierno de su país para detener el "flujo de armas pesadas y municiones que llegan a Haití desde Estados Unidos y a través de la República Dominicana".
A los senadores se les explica "que gran parte de la carga aduanera dirigida a Haití pasa primero por República Dominicana, debido a que la mayoría de los puertos haitianos han estado cerrados por largos períodos de tiempo por la violencia e inseguridad extrema generada por las bandas criminales en dicho territorio y porque Haití no cuenta, bajo las circunstancias actuales, con la capacidad logística para manejar el volumen de carga que reciben".
En la carta de protesta a los seis senadores estadounidenses, el Gobierno dominicano reitera su adhesión a la lucha contra el tráfico ilegal de armas, pero también aboga con firmeza por el despliegue en Haití de la fuerza pacificadora aprobada por la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2699.Reafirma, además, la conocida posición dominicana "de un apoyo mayor a los esfuerzos de carácter humanitario que realiza la comunidad internacional para lograr una solución duradera a la crisis haitiana".
Para la administración del presidente Abinader es injusto "sindicar al Gobierno dominicano como responsable de tráfico de armas hacia Haití, por el ejercicio de su compromiso social, económico y de solidaridad humanitaria con el vecino país".
"Nuestro gobierno trabaja con ahínco para controlar la adquisición de armas ilegales mediante el establecimiento de controles sumamente estrictos, como la puesta en funcionamiento del moderno escáner de rayos X RAPISCAN modelo Eagle P60-S, de fabricación estadounidense, que ha facilitado la detección de miles de unidades de municiones y armas de fuego", se indica en la correspondencia remitida justo antes de terminar el año.
En la respuesta a los senadores se asegura que "desde la instalación de dicho escáner, en el puerto de Haina en febrero 2022, nuestro país ha asestado duros golpes al contrabando de armas ilegales. República Dominicana pasó de confiscar 241,991 artefactos militares en 2018 a 401,117 en 2022, siendo esta la cifra más alta de los últimos cinco años".
La posición oficial dominicana es de asombro por el alegato de los senadores, "tomando en consideración que Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida (de acuerdo con múltiples fuentes públicas) es uno de los principales centros de exportación de armas ilegales y municiones hacia América Latina y el Caribe".
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