Washington. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que el presidente, Donald Trump, no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua (TdA) y se responsables de una “invasión”, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.
Trump había invocado la AEA mediante una proclamación emitida en marzo para expulsar a ciudadanos venezolanos, alegando que formaban parte del TdA, al que describió como una organización criminal extranjera que representaba una “invasión depredadora” a Estados Unidos.
Sin embargo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en una decisión de 2 votos contra 1, determinó que la ley no se aplica al caso y rechazó el argumento de la invasión por parte de la Administración Trump.
La AEA, adoptada en 1798, autoriza la expulsión de “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” solo si existe un estado de guerra “declarado” contra otro país o si una potencia extranjera participa en una “invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense.
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“Que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos”, señaló el tribunal y añadió que “no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada».
Bajo este entendimiento, el tribunal concluyó que no existía ninguna “invasión ni incursión depredadora” atribuible a una potencia extranjera.
En enero, Trump ya había restablecido la “expulsión inmediata” de inmigrantes indocumentados, una política que aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite deportar a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin mediar audiencia judicial.
Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que incluye Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se habían implementado deportaciones bajo la AEA.
La demanda contra el uso de la AEA fue presentada y defendida por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró un fallo, “que deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan».
