SANTO DOMINGO. Los seis jueces y exjueces del Poder Judicial que son investigados por la acusación de hechos de presunta prevaricación, han prestado servicios en las jurisdicciones del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en cuyos tribunales, al igual que los de San Cristóbal, se dictan sentencias en ocasiones cuestionadas por las autoridades del Ministerio Público, las que combaten los delitos y las antinarcóticas.
El 1ro de octubre de 2013, el procurador Francisco Domínguez Brito llamó la atención sobre “la peligrosidad” que significa la libertad bajo fianza de personas acusadas de narcotráfico y destacó que muchos extranjeros han logrado obtener una decisión de este tipo y están prófugos. Lo mismo recalcó el 31 de enero de 2014 y se quejó públicamente otra vez el 11 de febrero de ese mismo año.
El pasado lunes, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió sin disfrute de salario, y remitió a juicio disciplinario a los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, de tribunales de la provincia Santo Domingo. También, suspendió a Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa, ambos del Distrito Nacional.
En octubre del presente año, el Procurador cuestionó la libertad otorgada al regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), acusado de dirigir una red de sicarios y de lavado activos. La decisión fue de Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. “Es un abuso”, dijo Domínguez Brito en ese entonces.
Las quejas de las autoridades por las decisiones son recurrentes. El 30 de noviembre de 2012 el entonces jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, lamentó que en los cinco meses que llevaba al frente de la institución se sometieron a 4,856 presuntos delincuentes y la “gran mayoría” fue puesta en libertad.
Domínguez Brito denunció el pasado lunes ante el CPJ que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades.
Destituyen a ocho jueces y renuncian 16 en cinco años
En los últimos cinco años se han destituido ocho jueces del sistema judicial dominicano y 16 renunciaron. El Consejo del Poder Judicial reportó a Diario Libre que entre 2011 y lo que va de noviembre de 2015, la mayor cantidad de destituciones (cuatro) se registró en 2012.
Las cancelaciones fueron de jueces del Tribunal de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, de los tribunales de Tierras de La Altagracia y María Trinidad Sánchez, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Santiago, del Juzgado de Paz de Villa Bisonó, de la Corte de Apelación de Montecristi y del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente de San Pedro de Macorís.
Durante 2012 y 2013 se debatió en la opinión pública las razones que llevaron a cinco jueces, en el primer año, y ocho en el segundo, a renunciar. Algunos de los exfuncionarios alegaron que los bajos salarios y las pocas opciones de ingresos los motivaron a dimitir.
Los 16 jueces renunciantes pertenecían a los juzgados de Paz de Boca Chica y Santo Domingo Oeste, a la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, a los tribunales de Tierras del DN y Santiago, al Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción de La Vega, al Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Baní, al Tribunal Superior Administrativo y a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del DN.
También, a la Corte de Trabajo del DN, al Tribunal de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del DN, a la Corte de Apelación de Puerto Plata, al Tribunal Superior de Tierras Departamento Este y –el más reciente- al Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo y el Consejo del Poder Judicial.
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