Surgen más pruebas caso Odebrecht

EPO.-SANTO DOMINGO.-El asesor de la Procuraduría General de la República para el caso Odebrecht afirmó esta mañana que el Ministerio Público incorporará para la fase de instrucción mucho más pruebas que las presentadas para la solicitud de medidas de coerción.

Eduardo Jorge Prats, especialista en derecho constitucional, restó importancia al criterio de la jueza Miriam Germán Brito, de que los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público eran flojos para garantizar condena en un juicio de fondo.

“Me resulta difícil que un juez pueda emitir un veredicto sobre las evidencias para un juicio de fondo, cuando las evidencias que se han presentado son indicios para una medida de coerción y el nivel probatorio para una medida de coerción es mucho menor que para una instrucción”, razonó.

Jorge Prats sostiene que la Procuraduría está en la fase de investigación para preparar y presentar una expediente para la fase de la instrucción, en la que el juez determina si debe haber un juicio de fondo.

Aseguró que el de Odebrecht será uno de los pocos casos con una conclusión y “uno de los pocos casos donde se golpea en la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo”.

“Porque aquí no es un tema de meter presos, sino de resarcimiento de daños económicos de delitos que atentan contra las cosas públicas”, aseguró

Primarias abiertas

Entrevistado esta mañana por los comunicadores Luisín Mejía y Freddy Sandoval en el programa Hoy Mismo, que se difunde por Color Visión, canal 9, Jorge Prats reiteró su criterio de que las primarias abiertas son legales, partiendo de tres sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que los partidos políticos son asociaciones de orden público, lo que contradice un criterio anterior de la Suprema Corte de Justicia.

Dijo que en caso de que el Congreso aprobara una nueva ley, no es la sentencia de la Suprema lo que se revisará, sino el criterio judicial.

Señaló que el Tribunal Constitucional ha establecido que los partidos son de carácter público, contrario a la Suprema que había consignado que los partidos eran instituciones privadas.

“La realidad para el 2018 es que el Tribunal Constitucional en tres sentencias ha dicho que los partidos son asociaciones de carácter público, lo que permitiría que el legislador pueda incidir con mayor intensidad en el ámbito de organización”, dijo.

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