.jpeg)
Por Luis González Fabra
SANTO DOMINGO--Faride Raful es una gallarda diputada que ha tenido el coraje de solicitar a la Cámara Baja la designación de una comisión especial para investigar los contratos otorgados por la presidencia de la republica al publicista brasileiro Joao Santana y a su esposa Moura.
Los dos personajes mencionados al final de párrafo anterior fueron condenados por la justicia de su país por lavado de dinero y otros delitos conexos. Al momento de ser requeridos por la justicia ambos tenia oficina en el Palacio Nacional, producían comerciales para el gobierno y asesoraban al Presidente Medina en asuntos de estrategia política.
Faride sabía, porque bruta no es, que su propuesta fundamentada en documentos oficiales que tiene en su poder, no prosperaría. Y también sabía que los diputados del PLD le caerían encima con saña y sin piedad, tal y como lo hicieron.
La garbosa diputa tenía en sus manos no solo los contratos otorgados a los esposos publicistas, sino también el capítulo III de la Constitución de la Republica que se refiere a las atribuciones del Congreso Nacional. Este establece en el artículo 93 literal C, lo siguiente: citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanente del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración.
Es la misma constitución que otorga al Congreso el poder para realizar “el examen de los actos del Poder Ejecutivo”, en referencia al uso y cumplimiento de ley general de gastos públicos, mejor conocida como la ley del presupuesto.
Es decir que al no aceptar la propuesta de Faride para que una comisión investigue estos contratos, el Congreso está renunciando a sus funciones de fiscalizador del gasto público.
A la luz de esta negativa es obvio que la legisladora Raful tiene razón cuando afirma que el Congreso es un sello gomígrafo del gobierno. El Congreso de Danilo.
Y por cuales razones los diputados negaron con su voto la conformación de una comisión investigadora de esos contratos?. Está claro. El gobierno quiere cerrar ese caso. Que les baste con la carta enviada por el Ministro Administrativo de la Presidencia y el Director de Comunicaciones. No más.
Es un error. Si como dice en su carta el gobierno no ha cometido ningún falta al pagarle a estos señores aun después de haber ellos salido del país para ingresar a una cárcel en Brasil, pues lo lógico es que permitan que una investigación transparente esa operación y confirme lo que afirma el Ministro.
Pero no. No se atreven. El miedo a que se establezca la verdad les pone nerviosos. Y prefieren ridiculizar al Congreso ordenándole votar en contra y por lo tanto desnudando ante la opinión publica la incapacidad institucional de la Cámara y su dependencia vergonzosa del Poder Ejecutivo. Esto, a su vez, muestra la amarga realidad de que en nuestro ordenamiento político la democracia que practicamos es una farsa.
Los artículos 93 y 246 de nuestra constitución sostienen la propuesta de Faride para la investigación. A ese articulado le pasan por encima los legisladores oficialistas. No aceptan la investigación.
De manera que si tenemos un congreso que renuncia a una de sus principales atribuciones, la de fiscalizar la inversión de los recursos del Estado. Y al mismo tiempo da como buenos y validos los alegatos expresado en una carta por el Ministro Administrativo de la Presidencia que contradicen la documentación entregada por la Contraloría de la Republica y es al mismo tiempo parte del conflicto porque una parte de los pagos se hicieron en ese ministerio, ese congreso no merece el nombre de congreso sino de conglomerado de sinvergüenzas.
0 Comments:
Publicar un comentario
Saludos a todos