WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cambiado su residencia oficial y la de su familia de Nueva York -donde vivió durante décadas antes de llegar a la Casa Blanca- a Florida, un estado con mayores ventajas fiscales.
«Aprecio a Nueva York y a su gente, y siempre lo haré, pero desafortunadamente, pese al hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos de la ciudad y del estado me han tratado muy mal», afirmó el presidente.
«A pocos han tratados peor. Odio tener que tomar esta decisión, pero al final será lo mejor para todos los interesados», dijo a través de su cuenta de Twitter al anunciar que su residencia, que hasta la fecha tenía establecida en su lujoso triplex de la Torre Trump de Manhattan, pasa a ser ahora Mar-a-Lago, su ya conocida mansión y club privado de Palm Beach, donde pasa los fines de semana de invierno huyendo de la fría Washington.
Trump nunca ha hecho públicas sus declaraciones de renta, rompiendo con una tradición de décadas en la política estadounidense, por lo que es una incógnita cuántos impuestos paga y dónde.
De hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó que Trump contribuya al estado: «No es que Trump pagara impuestos aquí de todas formas. Todo suyo, Florida».
Florida no tiene impuesto estatal ni de sucesiones, por lo que se ha convertido en un destino muy popular para millonarios de Nueva York y del noreste del país para fijar sus residencias, especialmente desde los cambios impositivos que acarreó la reforma fiscal de Trump.
Con el cambio de residencia, Trump no tendrá que pagar el 9 % de impuesto estatal de Nueva York ni el 4 % de la ciudad, y sus sucesores evitarán el 16 % que el estado impone a las herencias superiores a los 10 millones de dólares.Además, mientras Trump despierta un gran rechazo en su Nueva York natal, fuertemente demócrata, el estado de Florida, donde ya ganó en 2016, es de vital importancia para su eventual reelección el próximo año.
Los próximos pasos en el proceso para un juicio político a Trump
La Cámara de Representantes de Estados Unidos marcó ya una hoja de ruta para someter a un juicio político al presidente Trump, un proceso que aún puede durar semanas o meses y que promete mezclarse con la campaña electoral de 2020.
Estas son las claves para entender qué puede pasar a partir de ahora en la investigación para determinar si Trump abusó de su poder con propósitos electorales en sus contactos con Ucrania:
La resolución recién aprobada por la Cámara de Representantes formaliza el proceso que la mayoría demócrata en el hemiciclo había desarrollado a puerta cerrada y bajo sus propias reglas desde septiembre.
A partir de ahora, los interrogatorios a testigos podrán ser públicos y emitirse en directo por televisión, y podrán publicarse las transcripciones de los testimonios que se hicieron en privado.
Los abogados de Trump podrán participar en las audiencias en el Comité Judicial y los republicanos podrán convocar a sus propios testigos, aunque antes deberán obtener el permiso de una mayoría en ese panel y el de Inteligencia, controlados por demócratas.
La Casa Blanca y los republicanos consideran esas reglas una «farsa», por lo que podrían tratar de entorpecer el proceso. Mientras, el Comité de Inteligencia deberá elaborar un informe para que el Judicial decida si redacta artículos para un juicio político.
Si eso ocurre, se necesitaría una mayoría simple de la Cámara de Representantes para iniciar el proceso de destitución, que se celebraría en el Senado, de estrecha mayoría republicana.
UN CALENDARIO INCIERTO
Hace dos semanas, tanto demócratas como republicanos confiaban en concluir su investigación en la Cámara Baja para la festividad de Acción de Gracias, el 28 de noviembre.
El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, calculaba que eso le permitiría iniciar inmediatamente el juicio político y concluirlo antes de Navidad.
Pero el número creciente de testigos que están accediendo a comparecer ha complicado el panorama y ahora los demócratas creen que su pesquisa se alargará hasta después de Acción de Gracias, lo que podría provocar que el juicio político se celebre en enero o más tarde, según el diario The Washington Post.
La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, insiste públicamente en que el calendario dependerá de lo que se descubra en la investigación y ha evitado marcar fechas límite.
EL FACTOR ELECTORAL
Si el juicio político se convocara en enero, coincidiría con la campaña para las primarias demócratas, que comienzan con los caucus de Iowa el 3 de febrero.
Eso dificultaría que los seis senadores que compiten por la candidatura demócrata -Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Cory Booker, Kamala Harris, Amy Klobuchar y Michael Bennet- hagan campaña en Iowa y otros estados clave.
También daría ventaja a los aspirantes que no están en el Senado, como el exvicepresidente Joe Biden, el alcalde Pete Buttigieg y el ex secretario de Vivienda Julián Castro.
No está claro cuánto podría durar un juicio político, pero el último, el del expresidente Bill Clinton en 1999, duró unas cinco semanas, un plazo en el que pueden entrar varias de las primarias consideradas clave.
LA OPINIÓN PÚBLICA
A día de hoy, pocos en Washington esperan que un juicio político prospere en el Senado, donde se necesitaría una mayoría de dos tercios para destituir a Trump y los republicanos controlan 53 de los 100 escaños.
Pero si la opinión pública se inclinara a favor del juicio político, sería más difícil para algunos senadores republicanos justificar su apoyo al presidente.
Eso explica en parte el interés de los demócratas en que se televisen las audiencias de su investigación, un paso que consideran clave para convencer a los estadounidenses de que el suyo no es un ejercicio meramente partidista y de que las acciones de Trump suponen realmente un desafío a la Constitución.
De momento, ese reto está complicado: solo el 48 % de los estadounidenses apoya por ahora la apertura de un juicio político a Trump, según un promedio de encuestas de la web FiveThirtyEight.
Y las líneas partidistas siguen siendo determinantes: mientras que el 84 % de los votantes demócratas respalda el proceso, solo el 11 % de los republicanos lo hace. EFE
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