Una nueva lucha frontal se adelanta entre el recién electo alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y el Ministerio de Obras Públicas por de la construcción de la terminal de autobuses en el Parque del Este.
En su primera sesión como alcalde, Jiménez logró que el consejo de regidores le aprobara una resolución que ordena la paralización de la terminal, alegando que con esta medida se cumple la sentencia TC/00553/19, del 10 de diciembre de 2019, del Tribunal Constitucional.
Durante una intervención en los medios de comunicación, el nuevo alcalde explicó que “ahora tenemos la autoridad” para que en Santo Domingo Este se cumpla la ley, “sin complacer a los políticos, ni a los amigos ni a los partidos”.
En la resolución se propone, “suspender” el permiso de uso de suelo de los terrenos donde se levanta la obra.
Las decisiones que fundamentan la ilegalidad de la construcción son dos del Tribunal Superior Administrativo y una tercera dictada por el TC.
“Ahora tenemos la autoridad para que en este municipio se cumpla la ley como fue escrita”, adujo Jiménez, electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una coalición de organizaciones aliadas.
Obras Públicas
En repuesta a esto, el ministro de Obras Públicas, ingeniero Ramón Pepín, asegura que esa institución ha cumplido “al pie de la letra” lo que estipula la sentencia de los dos altos tribunales.
“Obras Publicas es, y será siempre, respetuosa con el ordenamiento jurídico y los tribunales de la República Dominicana”, dijo el funcionario, en una entrevista para Listín Diario en su despacho.Explicó que contrario a lo que alegan los opositores, las sentencias solo pedían que se detenga la obra hasta tanto se cumpla con unos requisitos.
Dijo que se ha cumplido con todo lo requerido, como son certificación del Ministerio de Medio Ambiente de no objeción a este proyecto y la autorización emitida el 13 de diciembre de 2018 por la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Este, que aprobó el uso de suelo para el proyecto.
Entregó a este diario copias de cada certificado expedido y explicó que los opositores perdieron en sus alegatos, porque lo que demandaban era la demolición de la obra.
Consideró que si la nueva sala capitular revoca una resolución aprobada por su homóloga anterior, sería algo funesto para el orden jurídico del país.
“Imagínese que un empresario esté construyendo un edificio y un ayuntamiento le emitió su permiso de uso de suelo y viene otro nuevo y le revoque eso”, citó de ejemplo Pepín. Eso, dijo, violaría la continuidad del Estado.
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