SANTO DOMINGO.- Los abogados de la empresa de alta tecnología Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Erick Morrobel y Luis Ricardo, desmintieron este miércoles la acusación de tener una “campaña difamatoria y de chantaje” realizada por los abogados de la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, por éstos exigir el pago de casi siete millones de pesos por servicios prestados y no pagados a la empresa.
“La palabra chantaje implica algún beneficio, y nosotros estamos procurando cobrar una sentencia. Eso es totalmente legal”, manifestaron los defensores legales.En una nota de prensa indicaron, que el abogado de la ministra, Alan Ramírez, mintió al afirmar que ellos conocen que el proceso está en espera de revisión de sentencia por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), ya que no han sido notificados de ningún recurso y no le dan ningún mérito a las palabras de alguien que desconoce una deuda certificada por su propia institución.
Asimismo, los juristas plantearon que es una mentira burda y descarada la afirmación de que la condena y el proceso es contra la institución y no contra la ministra.
Indicaron que solo hay que observar el dispositivo segundo de la sentencia, en el que claramente se establece que fue “rechazada la solicitud de excluir la ministra”, por lo cual la condena personalmente al pago de la deuda.
Los gerentes de la firma “Ricardo & Morrobel Consultores Legales” denunciaron que es una mentira de la ministra y sus representantes, el hecho de que alegan que existe una oposición por el Banco del Progreso y otros artilugios sin base ni lógica jurídica, lo cual también es desmentido por abogados.
Igualmente, indicaron que el gerente de la sociedad propuso que el pago se realizará a sus abogados ya que tiene plena confianza en estos, porque la empresa fue llevada a la bancarrota por la deuda del Ministerio y por los múltiples padecimientos que ha sufrido su gerente.
Agregaron que “es evidente que todos los alegatos de la ministra son los mismos que ha hecho a lo largo del proceso y los que conllevaron a su condena, ya que esta se cree por encima de las leyes, y de la simple lógica”.
En la nota también se informó, que calificaron como una ofensa grave el hecho de que se mencionen palabras como difamación, política, chantaje, “cuando quienes las usan son unos simples deudores condenados que no quieren pagar, eso se ve a diario”.
Igualmente, se resalta que la sentencia no toca la parte de los daños y perjuicios ocasionados a la empresa, que tuvo que cerrar, y su gerente, cuya reputación se ha visto empañada y hasta su integridad física, simplemente ordenó lo lógico, el pago de una deuda certificada al acreedor.
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