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Mientras un sector consideró la decisión como un paso de avance, otros llamaron al gobierno saliente a mantener la prudencia en el tema.
Siete años después de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional que despojó de la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes nacidos desde 1929, parte de los afectados podrá recuperar su identidad.
Aunque el decreto favorece a menos del 10 por ciento de las personas que se acogieron a la ley de naturalización de 2014 tras perder sus documentos dominicanos, los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes esperan que marque un precedente positivo en el tema para el nuevo gobierno que empezará a partir del próximo 16 de agosto.
El coordinador del colectivo de derechos humanos aseguró, sin embargo, que el gobierno todavía debe dar respuestas a miles de personas nacidas en el territorio nacional que no se inscribieron en el registro civil y permanecen en un limbo jurídico.
El decreto fue promulgado el pasado 16 de julio pero salió a la luz pública apenas este domingo.
De inmediato, el presidente del Instituto Duartiano y juez del Tribunal Constitucional que emitió la sentencia en 2013, lo calificó de inoportuno.
Tras la sentencia del 2013, el país fue objeto de críticas a nivel internacional e incluso fue condenado por la Corte de Derechos Humanos acusado de supuestamente generar apátridas.
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