.SANTO DOMINGO-.Las juezas Tania Yunes y Gissel Naranjo gozan de plena capacidad para conocer y fallar el juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, ya que no se encuentra comprometida su imparcialidad y probidad para llevar ese proceso, como alegaba el Ministerio Público en su recusación.
Esta fue una de las consideraciones establecidas por el juez de Corte, Ignacio Camacho, en la resolución en la que rechazó la recusación que hizo el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en contra las dos magistradas. El juez de Corte, calificó la recusación como una “queja” o “malquerencia” del Ministerio Público.
La Corte aclaró que los jueces “no están a merced o voluntad de las partes... son designados para conocer de los procesos como terceros imparciales y como tal deben actuar y decidir”, “sin obedecer a la satisfacción de la voluntad antojadiza de las partes”.
Motivó, además, que el hecho de que al Ministerio Público no le haya gustado la decisión de las juezas, no le da motivos para dudar de ellas y recusarlas bajo premisa de parcialidad.
“Más que una recusación, resulta obvio que se trata de una queja o malquerencia de un Ministerio Público, que por el caso del que se trata, no está dispuesto a aceptar que las juezas son soberanas en su función, que no buscan aclamación, mientras que el Ministerio Público está condicionado a satisfacer el clamor popular al que se debe y por eso se le observa iracundo en sus argumentos en contra de ellas”, establece la resolución.
También, argumentó el juez Ignacio Camacho que no evidenció ninguna causal establecida en la ley para proceder a apartar a las juezas de llevar el caso de corrupción, ya que la parcialidad del juzgador debe ser demostrada de manera evidente por quien alega un comportamiento, acción u omisión.
El 1 de marzo, Wilson Camacho había recusado a las dos juezas por presunta parcialidad. Tomó la decisión luego de que el tribunal, con el voto mayoritario, ordenara que fuera excluido el testigo número 14, Julián Rojas.
Luego de rechazar la recusación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Gisselle Méndez retomará el proceso mañana 11 de marzo.
En este caso de corrupción administrativa están acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.
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