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SANTO DOMINGO-.Un año de prisión preventiva le fue dictado este viernes a los policías acusados de matar a los esposos Eliza Muñoz y Joel Díaz la semana pasada en Villa Altagracia.
La jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, dispuso, además, que los imputados Victorino Reyes Navarro y Norquis Rodríguez Jiménez cumpla la medida de coerción en la cárcel El Pinito de La Vega.
Mientras que Domingo Perdomo Reyes, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solis fueron enviados al Centro de Operaciones Espaciales.
También, la magistrada declaró el caso complejo.
El Ministerio Público los acusa asesinato, abuso de poder, asociación de malhechores y porte ilegal de armas.
Antes de esto, al ser preguntada sobre la solicitud de la familia de Eliza y Joel de que se incluya en el expediente al destituido coronel jefe de los agentes acusados del hecho, la fiscal titular de este municipio, Fátima Sánchez, dijo que "las investigaciones no han terminado".
"La investigación apenas inicia, entonces denos tiempo a que las investigaciones avancen", le indicó Sánchez a la prensa.
La familia de la pareja cristiana está pidiendo que se investigue al coronel César Martinez Lora, a quien le llaman Mariñe.
Cuando se le preguntó sobre si tienen la información de quién fue que dio la orden para que los policías dispararan al vehículo donde se trasladaban Eliza y Joel , la fiscal manifestó que "por ahora no puede dar detalles".
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Villa Altagracia, al momento en que ocurrió el hecho, los víctimas se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 45 en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco. Fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
Las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
El órgano acusador le dio al caso la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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