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“Mi target no es la clase pobre, es otro. Creo que los industriales, las empresas deben pagar, por lo menos, el costo, y no pueden tener una casa con piscina pagando 700 pesos, viejos. Es que el que tenga piscina, pague el costo, lo que consume”, enfatiza.
Indica que la mayoría de los ciudadanos paga el agua a seis pesos el metro cúbico (unos 255 galones), cuando producir esa cantidad le cuesta a la CAASD entre 30 y 35 pesos.
“Tenemos proyecto de llevar la institución del siglo pasado a este siglo, de poder controlar las pérdidas, los sectores que no pagan y que la gente pague lo que consume realmente... imagínate que las industrias pagan entre 9 y 10 pesos, pero al final el Estado sigue subvencionando por más de 20 pesos a todo el mundo”.
Suberví cree que habrá que subir el precio, aunque previamente, quiere mejorar el servicio, dice. Para ello, inició un programa piloto, y planifica un segundo, en sectores del Distrito Nacional a los que piensa dar agua 24 horas. Como parte de su plan de mejoras también pretende la automatización de la institución, para lo que piensa destinar el 50 % del presupuesto del próximo año.
Suberví dice que no quiere entrar en muchos detalles, pero deja caer algunas ideas de por qué había que rescindir el contrato que la CAASD tenía con la empresa Triple A. De entrada, lo califica de lesivo y aberrante para el país. Luego señala aspectos como que la empresa solo instaló 78,000 de 100,000 medidores a los que se comprometió, o que la CAASD le pagaba 390 pesos por cada cliente a Triple A, cuando el 80 % de los 240,000 que reciben el servicio paga menos de 300 pesos.
El número de clientes, aclara, es estimado. Ante la situación generada, la empresa no ha entregado la base de datos a la institución, que ahora se encuentra en la elaboración de un censo para poder determinar la cantidad exacta.
También encontraron que la compañía, contratada en 2001 para realizar la gestión de cobro del agua potable que sirven en el Gran Santo Domingo, área de influencia de la CAASD, mantenía unos RD$15,000 millones en cuentas por cobrar, conforme lo declaró Suberví, invitado al Diálogo Libre, que cada semana realiza Diario Libre.
“Veníamos revisando ese contrato y, desde el primer día, la intención siempre fue buscar un bajadero, no de forma agresiva, sino diplomática y que cumpliéramos algunos aspectos, como la de la data que es la parte neurálgica, porque es la que tiene la información de los clientes, que dice cuánto debe, cómo debe y la forma de pago”, comenta el funcionario.
Cuenta que consideró llegar a un acuerdo de pago de una deuda que, en principio sería de 150 millones de pesos, pero que, después de cotejos, llegaba a 300 millones.
“Yo me llevé de Doña Milagros (Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental) que me advirtió que si firmo un acuerdo, pensarán que estaba recibiendo dinero. Yo lo que pensaba es en lo financiero de que, le pago y me entregan la vaina y en siete u ocho meses, les pago a ellos”. Pero con el “salvamento” que le hizo Ortiz Bosch, Suberví dio parte a la Contraloría, a la Dirección General de Compras y Contrataciones y al Poder Ejecutivo, del contrato.
Dice que así llegaron a la rescisión del contrato por violación a los artículos del 4 al 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, liberando a la CAASD de pagar los 1,800 millones de pesos que habría que pagarle a Triple A por una rescisión no justificada de parte del Estado.
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