La orden, firmada por la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, se inscribe dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, tras las reiteradas denuncias presentadas por diversas entidades contra las operaciones de las dos barcazas.
El allanamiento ha permitido a los procuradores fiscales tomar muestras de las aguas que expulsan las generadoras eléctricas y que utilizan para su enfriamiento y así determinar, según la orden, si contienen residuos oleosos y otras sustancias contaminantes, así como para medir su nivel de temperatura y analizar las distintas partículas emitidas al aire, emanadas como consecuencia de la combustión interna del combustible.
Al mismo tiempo, la inspección ha perseguido “determinar si los niveles de partículas emitidos al aire se encuentran dentro de los límites permisibles según las Normas de Calidad del Aire”.
Los procuradores han medido también los niveles de ruidos generados por las plantas y tratan de determinar si las distintas especies tanto de fauna como de flora que se encuentran en el entorno han sido afectadas como consecuencia de las operaciones de las barcazas eléctricas flotantes.
Según una nota de los Abogados Ambientalistas, el Ministerio Público entiende que el allanamiento simultáneo a las dos plantas eléctricas era un requisito necesario dado que ambas “están ubicadas en el mismo lugar, corresponden a la misma compañía y los efectos negativos se tendrán que individualizar a partir de los hallazgos de la operación realizada por las autoridades.
0 Comments:
Publicar un comentario
Saludos a todos