“Es un cálculo político equivocado porque ellos apostaban a construir un nuevo alineamiento de respaldo político con Rusia, China, México, Bolivia, Venezuela, Cuba y algunos países centroamericanos, aparte de los países pequeños como Osetia, Abjasia, etc. También esperaban encontrar un nuevo eje de apoyo financiero en Rusia, China e Irán, pero esos salvavidas quedaron pospuestos considerando la situación que se ha generado con la invasión rusa a Ucrania”, expone la socióloga.
Ortega ha echado del país a los diplomáticos que le son incómodos, incluyendo al embajador del Vaticano, expulsó y cerró las puertas a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, impide el ingreso de periodistas extranjeros y con frecuencia usa un lenguaje cargado de insultos contra aquellos países que cuestionan su narrativa sobre los presos políticos, la ausencia de garantías democráticas y la represión.
Al mismo tiempo, a lo interno, desde hace un año, comenzó a retener pasaportes para impedir la salida legal de opositores y sus propios partidarios.
“Me parece que es una combinación de arrogancia y cálculo político equivocado”, añade Cuadra. “Arrogancia por la forma en que maltratan a los representantes diplomáticos, el tipo de discurso o lenguaje que utilizan y la forma en que manejan las relaciones, especialmente en momentos de tensión, como es el caso España, Vaticano, Argentina y Colombia, entre los más recientes”.
Estas son diez de las muchas acciones que ha desarrollado Daniel Ortega en los últimos cuatro años con miras a convertir a Nicaragua en una Corea del Norte latinoamericana:
1- Expulsión de la CIDH. El 19 de diciembre de 2018 el gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión “inmediata” del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando que no estaban cumpliendo “sus objetivos”. La expulsión se produjo un día antes que el GIEI presentara su informe final en Managua sobre los hechos violentos ocurridos en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, sobre los que concluyeron que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
2- Retención de pasaportes. En un hecho inédito en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega comenzó en junio del año pasado a retener los pasaportes por motivos políticos. Funciona así: al presentar la persona su documentación para viajar, el oficial de Migración le notifica que el pasaporte presenta una falla y no puede viajar. El pasaporte queda retenido y rara vez ha sido devuelto. En principio esta medida se usó contra líderes opositores, periodistas independientes y religiosos críticos, pero luego incluyó a funcionarios del régimen, militares y líderes políticos que pretendieron salir “sin permiso”.
3- Rechazo a periodistas extranjeros. En noviembre pasado el régimen de Daniel Ortega impidió el ingreso al país de los periodistas independientes que quisieron cubrir las elecciones que se realizaron ese mes. Solo se permitió la entrada de comunicadores políticamente afines al régimen. Esta práctica ya se venía ejecutando desde años antes y está en correspondencia con la intención de la dictadura de imponer su narrativa sobre los acontecimientos que se suceden en Nicaragua. En junio del 2021, por ejemplo, el gobierno impidió que el periodista Anatoly Kurmanaev, de The New York Times, entrara a Nicaragua. A pesar de cumplir con todos los requisitos para viajar, Kurmanaev fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, debido a la prohibición del régimen nicaragüense.
4- Retiro del embajador en España. El 10 de marzo pasado el régimen de Nicaragua retiró a su embajador en España, Carlos Midence, alegando “presiones y amenazas injerencistas” en contra del diplomático. “Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua mediante una carta a la Cancillería de España. Desde seis meses antes de esta decisión, el gobierno de Ortega impedía sin explicación alguna el regreso a Nicaragua de la embajadora española María del Mar Fernández-Palacios. El gobierno de España ha sido crítico de la deriva autoritaria de Ortega.
5- Expulsión del embajador de Colombia. El 23 de febrero pasado el régimen de Nicaragua retiró las credenciales del embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, a quien señaló de “inmiscuirse ofensivamente en los asuntos internos” del país, según nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. La reacción del gobierno nicaragüense se produjo poco después que Colombia ordenara al embajador Rangel Suarez regresar a su país luego que Daniel Ortega afirmara que Colombia es un “narcoestado”. “Ese es un narcoestado, donde los crímenes son impresionantes”, señaló Ortega el 17 de febrero en un acto policial, refiriéndose a Colombia.
6- Insultos diplomáticos. El régimen de Nicaragua ha hecho del insulto un sello de su gestión diplomática. En diferentes momentos han sido su blanco los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, España y Argentina. “Es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política, que hoy juega México, cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo, e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto, con el nuevo gobierno del que usted forma parte”, expuso en septiembre del año pasado una carta de protesta de la Cancillería nicaragüense al embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera, poco después que el diplomático mexicano compartiera un tuit del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, acusado judicialmente por el régimen de Ortega de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.
7- Invitación a terrorista iraní. El hecho más destacado de la nueva toma de posesión de Daniel Ortega el 10 de enero pasado fue la presencia como invitado de honor del vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, un personaje acusado por la justicia argentina de organizar el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó más 80 muertos y 300 heridos. La cancillería argentina protestó al día siguiente contra el gobierno de Nicaragua por la presencia de Rezai que “constituye una afrenta a la justicia y a las víctimas del brutal atentado terrorista”. Sobre el iraní pesa una alerta roja de la Interpol.
8- Expulsión del Nuncio. El 6 de marzo de este año, el régimen de Daniel Ortega conminó al representante del Papa en Nicaragua, Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag a que abandonara “inmediatamente” el país. A través de un comunicado, el Vaticano dijo recibir la decisión con “sorpresa” y “dolor” al tiempo que la consideró “grave e injustificada”. Aunque no se expusieron las causas de la expulsión, extraoficialmente se dijo que la ocasionaron las gestiones que el Nuncio realizaba para la liberación y trato humanitario hacia los presos políticos.
9- Expulsión del delgado de la Cruz Roja. El 24 de marzo se conoció que el régimen de Ortega expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess. “El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua”, explicó María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central. Dijo, además, no conocer las razones de la expulsión y que esa decisión los tomó “por sorpresa”.
10- Colapso electoral. Nada ha aislado más al régimen de Daniel Ortega que su decisión de impedir la competencia electoral en noviembre pasado, con el propósito de reelegirse para un cuarto mandato consecutivo a pesar de la escasa simpatía que tiene entre los nicaragüenses, según las últimas encuestas independientes. Ortega controló totalmente el tribunal electoral con sus leales, eliminó a los partidos opositores y encarceló a siete opositores que pretendieron competir. Tras las votaciones sin competencia, más de 40 países del mundo desconocieron los resultados, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El 12 de noviembre pasado, la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos a favor, siete abstenciones y solo un voto en contra, el de Nicaragua, una resolución en la que señala que las elecciones en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
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