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EPO-.SANTO DOMINGO-.Mucho antes de que se publicara de manera oficial la licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los miembros de la red Medusa ya tenían seleccionadas a las constructoras que resultarían ganadoras; estas debían devolver un “peaje” del 20 % sobre el monto total del contrato en favor de los integrantes la red de corrupción.
Así lo revelan documentos nuevos de la investigación del Ministerio Público a los que Diario Libre tuvo acceso y que fueron depositados el sábado en la noche con la acusación formal del caso Medusa.
El documento establece que un reconocido ingeniero (cuyo nombre no fue revelado) fue contactado por Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Jean Alain Rodríguez, para informarle que abrirían un proceso de licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y que “necesitaban constructoras de confianza”. Le habría propuesto que participara, pero el ingeniero desechó participar porque “había una relación de amistad clara con Jean Alain Rodríguez” y tampoco era “contratista del Estado”.
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El ingeniero aprovechó la oportunidad y buscó a sus “amistades cercanas” y “gente de confianza” para que participaran en la licitación donde les aseguraban los contratos a cambio del pago del peaje (20 % del contrato que recibirían). Una vez reunidos los nombres de las constructoras, el ingeniero se juntó nuevamente con Canó Sacco para mostrarle el perfil de las constructoras y Canó Sacco dio el visto bueno, de acuerdo a los documentos.
Empresas y dueños
En la lista de empresas estaban el Consorcio Remix-Rotilla, presidido por la empresaria Raffella Delfina Mazzone; Marizán Ingenieria Construcción y Bienes Raíces S.R.L. propiedad de Grandersio Marizán; también la Constructora Pablo Yarull y Asociados, propiedad del ingeniero y exasesor del Poder Ejecutivo Pablo Yarull.
La documentación también menciona a la empresa Mac Construcciones S.R.L. vinculada al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
Supuestamente, luego de que Canó diera la autorización se abrió la licitación. En lo adelante, todo el proceso, según la investigación, debía realizarlo el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonathan Rodríguez Imbert.
En seguida, Jonathan Rodríguez habría convocado a una reunión con los contratistas para definir el tema “de los contratos. Por cuánto serían los montos… cuál lote se le asignaría a cual constructora, ahí hubo una discusión de quienes eran los lotes.”
“Se habla de que ahí hay lotes comprometidos, como el de movimiento de tierra, todo esto es antes de que se realice la licitación de manera oficial”, dice el documento.
En esa primera reunión con los contratistas estuvo Jonathan Rodríguez, además de Rafael Antonio Mercedes Marte, el exdirector de Contabilidad de la Procuraduría, según el documento. Allí se habría discutido el esquema del 20% “y que esto debía salir del primer pago”. Aunque después de una discusión flexibilizaron.
El dinero del “peaje”, según establece el documento de la investigación, se entregaba en efectivo a Jonathan Rodríguez y Rafael Mercedes. La investigación indica que la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos de la Procuraduría, era la encargada de firmar las cubicaciones. A estos tres se le conoció medida de coerción junto a Jean Alain Rodríguez, Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzada y Miguel José Moya. El imputado Canó Sacco está pendiente de extradición desde España. El Medusa establece que el exprocurador y los demás imputados integraban una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General en el período 2016-2020 y que estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
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