SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y representantes de las comunidades de la provincia Peravia, depositaron una denuncia ante el Procurador de Medio Ambiente en la que reclaman la inmediata paralización de las operaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina hasta que ésta construya un relleno sanitario y deposite en esas instalaciones las cenizas vertidas a la fecha y las que produzca en el futuro.
Las entidades también solicitaron al Procurador de Medio Ambiente someter a la acción de la justicia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y a la administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, “por violación a la Constitución y la legislación ambiental en sentido general, poniendo en riesgo la salud y vida de los habitantes de la provincia Peravia, por contaminar el ambiente por el mal manejo de las cenizas productos del carbón mineral”.
Aseguraron que el cierre de estas plantas está justificado por la violación de la licencia ambiental número 0267-14, de fecha 14 de agosto de 2014, y al estudio de impacto ambiental que amparan la construcción y operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que obligan a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, a construir un relleno sanitario con manejo y tratamiento de los lixiviados y depositar en estas instalaciones las cenizas producidas.
Plantearon que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) acogido por la licencia ambiental de Punta Catalina, en el Dispositivo Vigésimo Noveno, pagina 8-9, establece “el promotor aplicará medidas en el manejo y control de los residuos generados en el proceso de combustión (cenizas) mediante reúso, y control adecuado en su disposición final; en ningún caso podrán ser vertidos en espacios ambientales frágiles, de igual manera aplicará medidas en el control en los lixiviados generados en el sistema de tratamiento de las aguas de escorrentía pluviales.”
Alegaron que las cenizas de Punta Catalina deben ser depositadas en un relleno sanitario que es un depósito o almacenamiento de desechos sólidos, que se construye con el objetivo y propósito de no causar molestias ni peligros para la salud humana, agropecuaria, ecosistema y medioambiente, ni durante su operación, ni después de terminado el mismo.
Igualmente explicaron que estas cenizas constituyen una grave amenaza para la salud de la población, para la producción agropecuaria y al medio ambiente, tanto por el gran volumen producido por año que alcanza a las 400 mil toneladas, como por su naturaleza tóxica.
Afirmaron que estos residuos o cenizas de carbón mineral contienen mercurio, arsénico, selenio, boro, sílice, óxido férrico, aluminea, óxido de titonio, óxido de calcio, magnesio, anhídrido fosfórico, entre otras sustancias nocivas a la salud.
Informaron que estas cenizas transportadas por el viento o disueltas en el agua superficial y subterránea producen enfermedades respiratorias como asma y cáncer de pulmón, de la piel, infartos coronarios y cerebrovasculares, daño en la capacidad cognitiva de la infancia, provocan partos prematuros, afectan el ADN de los fetos y causan esterilidad en los hombres por la reducción de la esperma.
“Muchas de estas enfermedades son catastróficas y ocasionarán una gran cantidad de muertes prematuras, especialmente en niños/as y envejecientes”, aclararon.
También señalaron que las cenizas afectarán a más de cien mil personas y a extensos cultivos de caña de azúcar, café, frutales y hortalizas existentes en la zona de impacto de Punta Catalina.
Indicaron que es imprescindible el cierre de las operaciones de las plantas de Punta Catalina, porque es imposible generar electricidad con la quema de carbón sin producir cenizas. “Por lo que hay que apagar a Punta Catalina para que no siga creando más cenizas que se añadirán al terraplén y a las montañas de cenizas que ya están depositadas al aire libre en el llamado patio de cenizas”, apuntaron.
Urgieron el cierre de Punta Catalina y la correcta y adecuada disposición de las cenizas vertidas a cielo abierto ante la cercanía de la temporada ciclónica.
“El paso de un huracán en las cercanías de Punta Catalina o la ocurrencia de cualquier otro fenómeno hidrometereológico en la zona que produzca vientos de moderados a fuertes y/o inundación, provocará un desastre ecológico de grandes proporciones en la provincia Peravia”, pronosticaron.
Declararon que apoyaron la denuncia depositada en treinta consideraciones, y con medios de pruebas consistente en publicaciones en los medios de comunicación, reportajes, entrevistas, videos y fotografías de las montañas de cenizas vertidas al aire libre en el Batey San José.
Manifestaron que citaron como prueba de que las cenizas contaminan y hacen daño a la producción agropecuaria, la cláusula 6.2.7 del contrato de Enfiteusis de Arrendamiento No. 108/15 del 21 de agosto de 2015, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y la Compañía Anónima de Exportaciones Industriales, S. A., (CAEI), propiedad de la familia Vicini, que establece una indemnización de US$36,375.00 por hectárea por daños causados al cultivo de caña de azúcar orgánica por efecto de los residuos de Punta Catalina, a ser pagados en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha en que ocurriese el daño.
Igualmente recordaron el precedente del pago que recibió el Estado dominicano en el 2007 de seis millones de dólares, de la empresa AES para que recogiera estos residuos por ser tóxicos. En 2004, esta empresa había traído al país cenizas de carbón (rockash) desde Puerto Rico y las depositó en Arroyo Barril y en Manzanillo.
“En esa ocasión, funcionarios de la entonces Secretaría de Estado de Medio Ambiente fueron condenados a multas y a penas de privación de libertad por haber permitido el depósito de estas cenizas”, dijeron.
