Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS
Un clan de empresarios venezolanos, que en el pasado fueron privilegiados contratistas públicos durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se coló entre las tradicionales familias de República Dominicana que controlan el negocio turístico en ese país para impulsar un proyecto de 100 millones de dólares en uno de los destinos dorados del Caribe: Punta Cana, donde la industria de los resorts y los hoteles de lujo capta más de tres millones de turistas cada año.
El desarrollo que impulsan los excontratistas ligados al chavismo cuenta con cerca de 150.000 metros cuadrados que incluyen espacios corporativos, residenciales, hoteleros, de locales nocturnos, restaurantes, tiendas, gasolinera, un lago artificial y hasta un delfinario. Ha sido bautizado con un nombre que procura agregar un matiz cosmopolita a una marca: Downtown Punta Cana. Se localiza en un área que conecta el área con Bávaro, otro de los grandes polos turísticos dominicanos, a la orilla de una carretera en una zona que los locales llaman el Cruce del Coco Loco.Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías dominicanas a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.
Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía de ese país por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.
Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.
Chavismo Inc. identificó 51 interacciones de personas de interés en actores, empresas o instituciones en República Dominicana. Algunas de ellas han sido investigadas por la Justicia del país en casos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraudes a través procesos como el del Banco Peravia, que involucró a accionistas de Seguros Constitución. También la Procuraduría dominicana, ante un pedido de las autoridades de Estados Unidos, activó una búsqueda en el país contra Samark López, presunto testaferro del Tareck El Aissami, en mayo de 2019, cuando realizó varios allanamientos en propiedades que López tiene en Punta Cana, sin mayores hallazgos.
La información fue obtenida tras rastrear casos judiciales, empresas y patrimonio de personas vinculadas al chavismo en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra una aproximación al patrimonio y las relaciones de esas personas. La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI), en la que participaron periodistas e investigadores de Venezuela, Argentina, Panamá, España, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Bolivia, reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.
De un oriente a otro
La aventura empresarial de Luis Francis Moreno en República Dominicana comenzó en 2010, tres años antes de levantar el proyecto Downtown Punta Cana. Como un emprendimiento familiar, la compañía Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia (Conmivial), de la que es presidente desde 2010, fue el punto de partida de un recorrido exitoso en la isla. En menos de un año la empresa comenzó a tener importantes contratos en la región del este dominicano.
De acuerdo con reportes contables los que tuvo acceso Chavismo Inc., Conmivial prestó servicios como contratista para el Grupo Punta Cana —la empresa que convirtió esa zona del país en uno de los grandes destinos turísticos del Caribe— a la que le proveyó materiales como hormigón y bloques y construcciones viales para hoteles y aeropuertos. También entre sus clientes estuvo la Constructora Norberto Odebrecht para una de las obras cuyo sobreprecio se investiga en los tribunales dominicanos: la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches- Sabana de la Mar, unos 112 kilómetros de vía que costaron 370 millones de dólares, con un sobrecosto que se estima en 39 por ciento. Por el movimiento de tierras de tres kilómetros en el tramo de Miches, la empresa de Francis Moreno obtuvo 302.000 dólares entre marzo y junio de 2013.
Conmivial no solo ha sido el negocio que les sirvió de punto de partida en República Dominicana, sino también el paraguas de toda la inversión que han hecho en la isla: a nombre de la constructora familiar están las empresas Downtown Punta Cana Services, Dolphin Discovery, Downtown Punta Cana, Downtown Dolphin, Downtown TV, DTRH Downtown, Downtown Hotel Punta Cana y hasta la Fundación Downtown.
Pero no son las únicas empresas. Dos de los hijos de Francis Moreno, Luis Eduardo y Luis Ramón Francis Villegas, no solo son los encargados de llevar las riendas del proyecto Downtown Punta Cana, sino que además son socios de los Urbano Fermín en varias empresas que comparten en el caribe dominicano. En la isla comparten acciones en las compañías Transportes y Servicios del Caribe TSC, en Concrete del Caribe GUF, en Constructions del Caribe y en Agregados y Servicios del Caribe ASC.
Los registros de propiedad revisados para esta investigación revelan empresas conjuntas enfocadas en las operaciones de construcción e inmobiliaria en la región este de República Dominicana, que luego se han expandido a actividades de recreación y hasta a academias de fútbol. Entre los Francis y los Urbano Fermín hay registradas al menos 25 empresas en tierras dominicanas, sin contar con las sociedades que comparten en Panamá.
El clan de empresarios venezolanos que creció a la vera del chavismo, a través de la obtención de contratos públicos, asentó sus emporios económicos en el Caribe con inversiones, sobre todo, en negocios inmobiliarios.
A buena sombra
Mientras Venezuela estaba sumida en la incertidumbre y se preparaba en 2013 para la muerte de Chávez y la subida al poder de Maduro, Luis Francis, en cambio, se frotaba las manos antes de dar su gran golpe en el Caribe. El excontratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la corporación estatal que alguna vez fue una de las mayores empresas del mundo, se presentó ese año como la cara visible del grupo que desarrolla el proyecto turístico. Incluso, flanqueó al presidente dominicano Danilo Medina en la ceremonia de picada que dio inició a la construcción del Downtown Punta Cana.Mientras los Francis Moreno allanaban el camino para su momento estelar en República Dominicana, los Urbano Fermín eran dueños de la Cuferca, una poderosa contratista con la que Pdvsa firmaba contratos sin parar para el traslado de coque y azufre, para el manejo de sólidos y hasta para el alquiler de maquinarias pesadas y de carga de las operaciones en las empresas Petropiar y Petroanzoátegui, en la Faja Petrolífera del Orinoco. Los hermanos lograron contratos también con la Gobernación de Anzoátegui, al oriente de Venezuela, para la construcción de un mercado municipal en Puerto La Cruz en 2008 que, según reportes periodísticos, no fue concluido.
Un informe del Cuerpo de Inspectores Socialistas, un órgano adscrito al despacho de la presidencia de Venezuela, señalaba la fuerte vinculación de los Urbano Fermín con Jonathan Marín, quien entonces se desempeñaba como alcalde del municipio Guanta, al noroeste del estado Anzoátegui. Era tal la influencia de los hermanos, señalaron los inspectores socialistas en su reporte, que en más de una oportunidad Marín —inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Contraloría en junio de este año por supuestos hechos de corrupción durante su gestión municipal entre los años 2009 y 2017— mediaba personalmente en los conflictos laborales que mantenían los trabajadores con los Urbano Fermín por incumplimientos.
En la inspección quedó asentado que esos contratos violaban los procedimientos regulares para prestar servicios a la industria petrolera estatal. Para el manejo y acarreo de coque, Pdvsa había contratado inicialmente a la empresa Energy Coal, pero como no tenía experiencia en el área petrolera, subcontrataron a otras, entre ellas Cuferca. Así se lo explicó el propio director ejecutivo de la Faja del Orinoco, Pedro León Torres, a los inspectores socialistas mientras hacían su auditoría, según quedó plasmado en el documento.
El poder del clan fue aumentando y, tras más de cuatro años de prestar servicios para las empresas de la Faja, en noviembre de 2014 Pdvsa y Cuferca sellaron su alianza con la creación de la empresa mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco. Tres meses más tarde, en febrero de 2015, los Urbano Fermín registraban su primera empresa en República Dominicana, asociados con Luis Eduardo y Luis Ramón Francis Villegas, los hijos de Francis Moreno. Chavismo Inc. intentó obtener comentarios de Luis Francis Moreno sobre sus negocios en República Dominicana, pero no se obtuvo respuesta para el momento de cierre de esta publicación.
Pedro León, el exdirectivo de la Faja del Orinoco y quien durante años firmó los contratos con Cuferca, fue detenido por el presunto desfalco de la Faja en septiembre de 2017. Acababa de aterrizar en el aeropuerto de Porlamar, estado Nueva Esparta, tras llegar de República Dominicana.
El amigo del “Gato”
El mecanismo de escalar en los negocios y apalancar la influencia empresarial sobre los gobiernos regionales y la petrolera estatal fue un camino que ya había andado su socio Francis Moreno. Antes de su salto dominicano, ya había tenido una historia en Venezuela, una de contratos con la estatal Pdvsa y, sobre todo, con la Gobernación de Monagas a través de su empresa Construcciones y Asfalto San Antonio (Consanto).
Durante el mandato del dirigente chavista José Gregorio Briceño, conocido como “El Gato”, Consanto entró en el selecto grupo de compañías beneficiadas por las licitaciones de la gobernación que Briceño controló entre los años 2004 a 2012. El problema es que las asignaciones de los contratos pocas veces cumplían con los procedimientos exigidos por las leyes, un asunto que quedó en evidencia a partir de 2008.
Ese año la Contraloría General de Monagas dio la primera voz de alarma y dijo en su informe anual que en 2006 el Instituto de Vialidad y Transporte de ese estado había adjudicado directamente nueve contratos de forma irregular y que en uno de los casos debió hacerse una licitación, sin importar que existiera un decreto de emergencia, por lo elevado del monto del contrato. Pero además, se le pagó un anticipo del 50 por ciento a Consanto y la empresa paralizó la obra sin notificarlo a las autoridades, como dictan las normativas.
Pero no fue sino hasta el año 2012 cuando la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional comenzó a ver con lupa las operaciones de “El Gato” y su círculo de empresarios favoritos, entre los que estaba Francis Moreno. En octubre la instancia parlamentaria comenzó a investigar los procesos mediante los cuales se entregaron los contratos para una licitación de la Avenida Perimetral Caicara de Maturín, Monagas, y de la vía Maraquero-Crucero del sector Viento Fresco, también en el municipio Cedeño.
La investigación no fue casual. En marzo de ese año Briceño criticó durante una entrevista televisada el manejo que hizo el gobierno de Hugo Chávez de un derrame petrolero que se produjo en Monagas, que contaminó el río que surte de agua potable a Maturín, la capital de ese estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició un proceso disciplinario en su contra y luego lo expulsó de las filas del chavismo. En la entrevista con Globovisión el entonces gobernador de Monagas había dicho no tener problemas con Chávez, quien gobernaba Venezuela en esa época, pero sí con el líder chavista Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, y oriundo de Monagas.
“Desde que llegó el señor Diosdado Cabello, lo que hizo fue buscar a todo el que fuera enemigo de ‘El Gato’, lo puso dentro del PSUV para buscar desestabilizar la gobernación del estado (...) y ahora me dejó esta jauría aquí”, dijo el mandatario regional durante la entrevista.
Después de la expulsión, Briceño intentó mantenerse en la Gobernación de Monagas, al lanzarse a las elecciones como candidato independiente, pero no lo logró. En enero de 2013 viajó a Costa Rica, donde pidió asilo.
Una parada controvertida
República Dominicana no solo ha visto pasar a las familias Francis y a los Urbano Fermín. Otros más han aterrizado en la isla para hacer inversiones o compras que luego han sido cuestionadas, han terminado con sus negocios intervenidos, sus casas allanadas o, incluso, han sido investigados judicialmente.
La lista incluye al empresario Samark López, el supuesto testaferro de Tareck El Aissami que enfrenta cargos criminales en Estados Unidos por violaciones a la Ley de Designación de Jefes Internacionales del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act). Su vivienda, situada en el lujoso sector de Cap Cana, fue allanada por la policía dominicana a mediados de 2019, en medio de una investigación de la que nunca trascendieron detalles.
Omar Farías Luces, de Seguros Constitución; José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, del Banco Peravia, terminaron con sus empresas intervenidas por las autoridades dominicanas. Santoro fue detenido en Venezuela en el año 2016 y ese país negó la extradición solicitada por República Dominicana. Jiménez Aray fue condenado por un tribunal estadounidense a tres años de prisión en 2018, tras haber confesado que ayudó al empresario de medios Raúl Gorrín Belisario a lavar a través del Peravia el dinero proveniente de los sobornos a funcionarios. A Gorrín se le envió una consulta escrita y no respondió hasta el cierre de esta edición.
Farías Luces estaba incluido en el expediente judicial por la quiebra del Banco Peravia en calidad de imputado y llegó a estar bajo arresto domiciliario, pero un acuerdo judicial privado lo dejó fuera del expediente. Se le señalaba de ser coautor en el presunto lavado de activos que se hizo a través de la institución bancaria caribeña. Chavismo Inc. contactó a Farías Luces para obtener su versión, pero no había dado respuesta. En el año 2016 su abogado Erick Hernández dijo que su representado solo había tenido una relación “en su condición de cliente, con operaciones completamente lícitas” con el Banco Peravia.
Otro de los venezolanos que se asentaron en la isla fue Danilo Diazgranados, uno de los operadores financieros favoritos del chavismo. Vive desde hace una década en La Romana, en la región este de República Dominicana, donde en ocasiones aparece en las páginas de sociales de medios locales auspiciando proyectos con las comunidades de San Pedro de Macorís, la provincia donde reside. La Cámara de Comercio de Santo Domingo registra una empresa a su nombre: Inversiones Halis, una compañía dedicada a la compra y venta de inmuebles.
Otros de los visitantes ligados al chavismo en República Dominicana fueron la pareja compuesta por Adrián Velásquez, el ex edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, y la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén. En los Panama Papers aparecen con empresas registradas en paraísos fiscales y ligados a Diazgranados. Residieron en República Dominicana entre 2014 y 2017, cuando fijaron su nueva residencia en España. Al año siguiente, en abril, fueron detenidos debido a una orden de captura internacional solicitada por Venezuela y por una investigación judicial paralela que siguen las autoridades españolas. En ambos casos se les acusa de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.
La salida al Caribe
En marzo de 2012, una semana antes de que El Gato Briceño apareciera en un canal de televisión criticando la gestión del gobierno central en el derrame petrolero y de su expulsión de las filas del chavismo, Luis Francis Moreno registró en República Dominicana la compañía Reef Bay Investments que le valdría el vínculo definitivo para entrar en el exclusivo mundo del desarrollo turístico en la isla caribeña. A través de esa empresa, y de Inversiones Mi Retiro S.R.L., que registró cuatro meses más tarde, blindó la alianza con el empresario dominicano Miguel José Ricart Nadal, quien ha sido su socio inseparable en el proyecto del Downtown Punta Cana. Su influyente aliado centra sus negocios en la distribución de combustibles en República Dominicana, es accionista de medios y hasta presidente del Club Náutico, y fue quien le valió de contacto definitivo para entrar en el polo de desarrollo turístico del este dominicano.
Hoy Francis Moreno, el mismo al que pocos medios citaron durante aquel acto de inicios de la construcción al que asistió el presidente Medina, es un empresario con poca exposición a nivel nacional, pero ya conocido en el ámbito de Punta Cana. El desarrollo del Downtown se conjuga en presente y sigue sumando negocios a lo que alguna vez fue un paraje perdido al borde de una autopista, a miles de kilómetros de la tierra en la que todo comenzó. Mientras tanto, Carlos Eduardo y Carlos Esteban se mantienen bajo las sombras en su refugio caribeño.
