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Implicados en Operación Calamar obligaron a empresarios a cederles parte de sus contratos con el Estado, según la PEPCA


EPO.-SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acusa a los 46 acusados en la Operación Calamar de formar una estructura delictiva o Holding criminal, que le costó al Estado 21 mil millones de pesos.

El exsenador de la provincia de Azua, Rafael Calderón y un hijo del exministro de Hacienda, forman parte de los nuevos acusados.

El órgano investigador en la acusación depositada para que se fije auto de apertura a juicio acusa a 34 personas físicas y 12 empresas.

Indica el documento que la supuesta red se configuró a través del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.s.



De acuerdo a la PEPCA, las líneas de acción del conjunto de empresas criminales que formaron una sociedad alrededor de un grupo organizado constituyéndose en un holding criminal como son “implementación de un programa de contratista plagado de falsedades, maniobras fraudulentas y millonaria distracciones públicas a través de El Programa de Contratistas a través del Banco de Reservas por el que se paga la suma de veinte mil novecientos noventa y cuatro millones ochocientos treinta y un mil doscientos cincuentas pesos con sesenta y cinco centavos” (RD$20,904,831,250.65)”.

En el presente escrito de acusación, el MP asegura se prueba que los acusados orquestaron una sofisticada “organización criminal que inició sus operaciones estructuradas desde el 2012”.

Presentan un crecimiento vertiginoso, a partir del 2016, específicamente cuando el acusado Donald Guerrero fue designado como Ministro de Hacienda. Manifestándose el entramado criminal en múltiples acciones y desplegando una estrategia empresarial tan diversa y combinada que no tendrían nada que envidiarle a un “holding lícito”.

En cuanto a organización, funciones, perfil criminal de sus integrantes y los exorbitantes recursos que obtuvieron como ganancia, con el objetivo de distraer del erario, más de cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve mil pesos con setenta y cinco centavos “(RD $41, 185,964,839.76)”.

Asegura la PEPCA que Crearon un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, en el que el total delos pagos se elaboraron en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una “mega operación de lavado de activos”.

“Falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular”.

“Constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado”.

Afirma el MP que “utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel”.

Supuestamente “adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados”.

Alegadamente “accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45, 000 000.00 millones de dólares, sin ninguna garantía”.

Indica la acusación que “falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido”.

Además señala el documento que “aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados”.

El órgano investigador relata que “crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano “…erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal”.

e detalla además que “requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la OISOE” señalando la PEPCA que dicha entidad era “La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.

De igual forma, la PEPCA indica en la acusación que “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas,los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.

En ese sentido, afirme el MP que se comportaron como la “alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.

Alegadamente “formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord”, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.

“Realizaban pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago”.

Supuestamente “emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada”.

“Emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil”.

“Las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión”.

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